El precio de la ingobernabilidad de Arévalo – Editorial

La crisis del combustible dejó de ser únicamente un problema de precios para convertirse en una evidencia de ingobernabilidad. El choque internacional explica parte del encarecimiento, pero no justifica la falta de prevención, la improvisación legislativa ni una respuesta estatal que permitió que los bloqueos se prolongaran durante diez días. Un gobierno no demuestra liderazgo cuando reacciona después de que las carreteras han sido cerradas, la economía paralizada y los ciudadanos afectados. Así, la administración surgida de Movimiento Semilla prometió una nueva política, pero terminó recurriendo al viejo manual de dejar crecer el conflicto, negociar bajo presión y trasladar la factura a los contribuyentes.

El Observatorio de Políticas Industriales de la Cámara de Industria estimó que cada jornada de bloqueos ponía en riesgo alrededor de US$150 millones en mercancías, equivalentes a entre Q1,134 millones y Q1,149 millones, además de una posible reducción de Q100 millones diarios en la recaudación aduanera, mientras por su parte em CACIF reportó que los cierres se extendieron durante diez días. Si se utiliza esa cifra como escenario de exposición económica, el movimiento comercial comprometido habría alcanzado entre Q11,340 millones y Q11,490 millones. Al sumar los Q2,500 millones autorizados para el nuevo subsidio, la factura potencial asciende a casi Q14,000 millones. No se trata de una pérdida contable auditada, porque la estimación empresarial mide mercancías en riesgo y no bienes necesariamente destruidos, pero sí muestra la dimensión económica de la crisis.

Por otro lado, este tampoco es el primer rescate fiscal del año. Entre abril y julio, el Gobierno ya ejecutó Q1,932 millones de los Q2,000 millones aprobados mediante el Decreto 11-2026. Con el nuevo fondo, el costo fiscal de los subsidios de 2026 podría alcanzar Q4,432 millones. Lo más contradictorio es que el Decreto 21-2026 contempla restarle Q353.6 millones al Ministerio de Gobernación mientras el país atraviesa una crisis de seguridad y bloqueos derivados de la misma demanda por los combustibles que causó la crisis. Así, la iniciativa en cuestión, aprobada con 130 votos en una sola sesión, permitió que el oficialismo presentara una respuesta a los cierres mientras debilitaba presupuestariamente a la institución responsable del orden público y promovía otra solución temporal que no corrige la dependencia energética ni la vulnerabilidad logística del país; además de profundiczar una notoria hipocresía con respecto a los bloqueos, pues en medio de la crisis, significan una expresion de la desesperación de la ciudadania por el gobierno más inefectivo de los ultimos 15 años. 

Los 130 votos no significan que exista una política pública sólida ni son una muestra de liderazgo por parte del Ejecutivo. Una objeción posterior detuvo la entrada en vigor del decreto y obligará al pleno a conocer nuevamente la iniciativa, demostrando que el supuesto consenso era frágil y que el Gobierno depende de acuerdos con las mismas fuerzas tradicionales que durante años denunció. Asimismo, los señalamientos sobre posibles pactos secretos y alianzas por conveniencia sugieren que la propuesta millonaria de los subsidios, elaborada a puertas cerradas, presentada al final de la tarde y aprobada aceleradamente, es un ejemplo más de los vicios políticos que han debilitado sistémicamente la institucionalidad y agravado la crisis de gobernabilidad en el país.

La actuación del Ministerio de Gobernación tampoco puede calificarse como oportuna. El Estado finalmente liberó 34 puntos y recuperó la circulación, pero la operación definitiva se completó bajo el cual pareciera el modulo operandi del Ministerio de Gobernacion, en medio de irregularidades y violaciones a derechos humanos, bajo una orden de la Corte de Constitucionalidad. La capacidad operativa existía; lo que faltó durante buena parte de la crisis fue una decisión política clara. Bernardo Arévalo, además, estuvo ausente de las conferencias de gobierno del 11 y 12 de septiembre. Su silencio público resulta especialmente problemático porque en 2023 afirmó que los bloqueos ‘no estaban deteniendo al país’ y que quienes los realizaban luchaban por la democracia. Hoy su gobierno intenta distinguir entre manifestación y bloqueo, una diferencia que políticamente es imposible de sostener después de haber legitimado ese mecanismo, como legitimo mientras le favorecía a su llegada al poder.

Los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá desempeñaron un papel central en la defensa de la transición presidencial de 2023 y ahora comparecieron ante Arévalo y el Congreso para exigir respuestas por el combustible. Esto podría significar que quienes antes lo acuerparon hoy señalan sus falencias, o que son instrumentalizados para agravar una crisis pública y manipular la narrativa a través de mecanismos de presión para que el Ejecutivo se salga con la suya.

De cara a las elecciones de 2027, el precedente es peligroso. El mensaje parece ser que bloquear rutas, amenazar con paralizar el aeropuerto y elevar la presión pública puede producir en pocos días una decisión por Q2,500 millones, mientras que el populismo es capaz de sustituir la planificación y los acuerdos improvisados reemplazan la institucionalidad. Así, hoy podemos afirmar que el verdadero precio de este episodio de ingobernabilidad no se limita a casi Q14,000 millones, sino que también se paga con pérdida de confianza, deterioro del Estado de derecho y la peligrosa percepción de que en Guatemala gobierna quien logra ejercer más presión sobre las calles y el Congreso.