No bajaron el combustible, sino usaron Q2 mil 500 millones para esconder un gobierno sin rumbo

El Congreso no resolvió, sino compró tiempo con dinero público. El 8 de septiembre, mediante 130 votos y en una sola lectura por urgencia nacional, aprobó el Decreto 21-2026. La medida fija como precios máximos de referencia Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y Q41 para la gasolina superior. Para sostener esos precios se creó un fondo de Q2 mil 500 millones destinado a compensar a las empresas importadoras. Estará vigente hasta el 31 de diciembre, pero puede terminar antes si el dinero se agota. En otras palabras, no se redujo estructuralmente el costo del combustible: el Estado asumirá con recursos de los contribuyentes la diferencia que antes pagaba directamente el consumidor.

La forma en que se aprobó desnuda la improvisación y las prácticas del gobierno de Bernardo Arévalo y de sus aliados en el Congreso. La iniciativa ingresó a la Dirección Legislativa aproximadamente a las 17:36 horas y fue sometida a aprobación esa misma jornada. La propuesta original del Ejecutivo contemplaba únicamente el diésel, pero durante la negociación se incorporaron las gasolinas regular y superior. Apenas una semana antes, el Congreso había levantado una sesión por falta de cuórum y dejó sin votar otra propuesta sobre combustibles, mientras continuaban los bloqueos y las protestas. Después de semanas de presión social, el oficialismo apareció con una ley armada a última hora y aprobada a toda velocidad. Así gobierna esta administración, promera deja crecer el problema, espera que las calles se incendien y luego presenta como respuesta histórica una medida de emergencia.

El antecedente inmediato demuestra por qué este camino no resuelve nada. El subsidio aprobado en abril contó con Q2 mil millones y, entre el 28 de abril y el 2 de julio, ya había consumido Q1 mil 932.3 millones, equivalentes al 97 por ciento del fondo. El gasto promedio fue de aproximadamente Q193 millones semanales y el programa terminó antes de lo previsto. Solo Chevron Guatemala recibió Q638.35 millones, mientras otras cuatro importadoras se repartieron el resto de los pagos. Cuando el dinero se acabó, la vulnerabilidad del país siguió intacta y los precios volvieron a golpear a consumidores y transportistas. Ahora se repite la misma fórmula con Q500 millones adicionales y sin haber construido reservas estratégicas, mejor transporte público, mayor competencia en la importación o un mecanismo permanente de estabilización.

La contradicción política es todavía más evidente. Movimiento Semilla fue cancelado formalmente en marzo y sus 23 diputados quedaron como independientes; algunos de sus antiguos integrantes se han reagrupado alrededor de Raíces, inscrito definitivamente apenas el 7 de septiembre. Sin embargo, los 130 votos del decreto demuestran que el antiguo oficialismo solo pudo aprobarlo mediante una alianza mucho más amplia con los bloques tradicionales que durante años señaló como responsables de la vieja política. Negociar no es, por sí mismo, condenable; lo cuestionable es proclamarse moralmente distinto mientras se recurre a los mismos operadores cuando hacen falta votos. El caso de Samuel Pérez resume la incoherencia: en 2022 rechazó ampliar un subsidio a los combustibles porque, según afirmó, “no funciona” y favorecía las ganancias de las empresas; en 2026 terminó promoviendo nuevamente una iniciativa de subsidio. No hay una explicación técnica que acompañe ese giro, únicamente conveniencia política.

La factura de los combustibles, además se pagará sacrificando otras prioridades. El decreto contempla reducciones presupuestarias por Q507.64 millones, incluyendo Q353.6 millones del Ministerio de Gobernación, precisamente cuando la seguridad constituye una de las demandas más urgentes del país. Los subsidios generalizados también benefician más a quien consume más combustible, no necesariamente a quien más necesita ayuda; análisis de diferentes expertos advierten que este tipo de gasto suele ser regresivo y poco focalizado. Una respuesta seria habría concentrado el apoyo en transporte público, carga esencial y hogares vulnerables, acompañado de auditorías semanales, reglas automáticas y transparentes, revisión temporal de impuestos, mayor competencia entre importadores e inversión en infraestructura y alternativas energéticas. Arévalo y sus aliados no presentaron esa visión. Aprobaron otra curita fiscal, celebraron la fotografía de los 130 votos y dejaron a los guatemaltecos una deuda de Q2 mil 500 millones.