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Editorial

El fracaso de la autodenominada “nueva política” y las prácticas de siempre – Editorial

El problema es que buena parte de la llamada nueva política parece haber aprendido demasiado rápido las prácticas de la vieja…

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El fracaso de la autodenominada “nueva política” y las prácticas de siempre - Editorial
Foto: Centra News

Guatemala comienza a entrar en la carrera electoral de 2027 con una paradoja difícil de ignorar. Mientras cada vez más proyectos prometen renovación, la confianza ciudadana en el sistema continúa debilitándose. El cronograma preliminar del Tribunal Supremo Electoral contempla la convocatoria para el 22 de enero de 2027 y las elecciones generales para el 27 de junio. Actualmente existen 24 partidos políticos vigentes y, según datos recientes del TSE, 23 comités trabajan en la formación de nuevas organizaciones. La oferta crece, pero eso no necesariamente significa mayor representatividad. En 2023, Guatemala llegó a las elecciones con más de nueve millones de empadronados y cerca del 40 % tenía entre 18 y 35 años. En la primera vuelta, 966,389 ciudadanos anularon su voto, aproximadamente el 17.38 % de los votos emitidos y más que lo obtenido individualmente por cualquier candidato presidencial. La segunda vuelta, además, apenas movilizó alrededor del 45 % del padrón.

El problema es que buena parte de la llamada nueva política parece haber aprendido demasiado rápido las prácticas de la vieja. Proyectos que hablan de renovación, nuevos cuadros y participación ciudadana terminan acercándose a operadores tradicionales, estructuras territoriales heredadas y personajes cuestionados o señalados por corrupción. Conversar y construir acuerdos es parte natural de la democracia, pero existe una enorme diferencia entre construir consensos y reciclar estructuras únicamente porque tienen votos, financiamiento o capacidad de movilización. Si detrás de un nuevo nombre sobreviven las mismas negociaciones, los mismos operadores y las mismas cuotas, la renovación termina siendo apenas una estrategia de mercadeo electoral.

La experiencia de Movimiento Semilla debería servir como advertencia. Llegó al poder reivindicando una manera distinta de hacer política, pero su propia constitución terminó rodeada de investigaciones y señalamientos por supuestas anomalías en afiliaciones y firmas. Las acusaciones del Ministerio Público no equivalen a una sentencia y varias de sus actuaciones han sido ampliamente cuestionadas, pero la transparencia no puede exigirse solamente cuando afecta al adversario. Ahora Raíces se presenta como continuidad de aquella experiencia y su comité alcanzó más de 40 mil adherentes en un período particularmente rápido. La velocidad no demuestra por sí misma ninguna ilegalidad, pero los antecedentes obligan a exigir todavía más transparencia sobre afiliaciones, financiamiento, dirigentes y construcción territorial. Una organización que promete hacer política de manera diferente debería estar dispuesta a someterse a un estándar incluso mayor que aquel que exige a los partidos tradicionales.

Este problema está lejos de limitarse a Semilla o Raíces, pues en distintas organizaciones emergentes comienzan nuevamente las conversaciones con protagonistas de la política tradicional y personajes que han enfrentado cuestionamientos públicos. Al mismo tiempo, partidos establecidos continúan funcionando como vehículos electorales intercambiables, mientras diputados, alcaldes, operadores y dirigentes migran de una organización a otra dependiendo de dónde encuentren mejores posibilidades de supervivencia. A ello se suma una amenaza todavía mayor, el uso del Estado, sus recursos, instituciones, contrataciones y estructuras para construir ventajas políticas. Cuando el acceso al poder depende más del aparato estatal, el dinero y las negociaciones entre élites que de la confianza ciudadana, no solamente se deteriora la competencia electoral, también se debilitan la representatividad y el Estado de derecho.

El riesgo para 2027 es enorme porque la paciencia democrática de los guatemaltecos tiene límites. Latinobarómetro 2024 señala que apenas el 35 % de los guatemaltecos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y solamente el 28 % está satisfecho con su funcionamiento. Frente a una población joven determinante, un abstencionismo elevado y casi un millón de votos nulos en la primera vuelta de 2023, ofrecer nuevos colores con los mismos actores sería insistir en una fórmula que ya fracasó. Guatemala no necesita más partidos que prometan ser diferentes. Necesita organizaciones capaces de demostrar que realmente lo son. Porque el verdadero fracaso de la nueva política no ocurre cuando pierde una elección, sino cuando para intentar ganarla termina negociando, actuando y gobernando exactamente como aquellos a quienes prometió sustituir.

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