Política en Guatemala
Diésel y gasolina regular a Q39: así funcionaría la propuesta que conoce el Congreso
Iniciativa propone fijar el diésel y la gasolina regular en Q39 por galón y la superior en Q41, mediante un apoyo temporal de hasta Q2,500 millones.
El Congreso de la República conoce este martes 8 de septiembre la iniciativa 6844, una propuesta que busca implementar un mecanismo temporal para contener el impacto del incremento internacional de los combustibles en Guatemala.
La iniciativa establece precios máximos de referencia para tres tipos de combustible: Q39 por galón de diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior, con impuestos incluidos.
Previo a conocer el contenido de la propuesta, diputados presentaron una moción privilegiada para que la iniciativa sea declarada de urgencia nacional.
¿Cómo funcionaría el apoyo?
El proyecto plantea otorgar un apoyo social temporal a los importadores de combustibles cuando el precio promedio de mercado supere los valores de referencia establecidos.
En esos casos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cubriría la diferencia con el objetivo de evitar que el incremento de los precios internacionales sea trasladado en su totalidad al consumidor final.
El mecanismo se aplicaría desde las terminales de almacenamiento. Para ello, el MEM deberá determinar periódicamente un precio variable de venta tomando en cuenta factores como las cotizaciones internacionales, costos de importación, fletes, impuestos y otros componentes de la cadena de comercialización.
De aprobarse, el apoyo estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, podría finalizar antes si se agotan los recursos destinados al mecanismo o si los precios internacionales permanecen durante 15 días consecutivos por debajo de los niveles contemplados en la propuesta.
Hasta Q2,500 millones para financiar el mecanismo
La iniciativa contempla destinar hasta Q2,500 millones para financiar el apoyo temporal al precio de los combustibles.

(Imagen: Organismo Legisltivo)
También incorpora mecanismos de fiscalización y seguimiento. El MEM, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y la Contraloría General de Cuentas tendrían distintas responsabilidades de supervisión.
Por su parte, las estaciones de servicio estarían obligadas a proporcionar información relacionada con sus inventarios, volúmenes de combustible recibidos y ventas realizadas al consumidor final.
La propuesta establece además una multa equivalente a 30 Unidades de Multa Ajustables (UMAS) por cada incumplimiento relacionado con la aplicación del apoyo social al precio de venta.
Asimismo, quedaría prohibido exportar, reexportar, trasladar o extraer del territorio guatemalteco combustible que haya recibido el beneficio. Si las autoridades detectan indicios de una posible extracción irregular, deberán informar al Ministerio Público y a la SAT.
Diputado cuestiona procedimiento
Durante la discusión, el diputado Allan Rodríguez cuestionó la forma en que la iniciativa fue presentada y señaló que los legisladores no habrían contado con tiempo suficiente para revisar su contenido antes de votar la moción que busca declararla de urgencia nacional.
Rodríguez afirmó que el documento terminó de redactarse pocos minutos antes de ser presentado y aseguró que, pese a desempeñarse como jefe de bloque, no había recibido una copia para analizarla.
El legislador manifestó que no consideraba responsable emitir un voto sobre una propuesta cuyo contenido no había podido revisar previamente.
La iniciativa continúa bajo conocimiento del Congreso, donde deberá definirse si obtiene los votos necesarios para avanzar mediante el procedimiento de urgencia nacional.



