Subsidios para hoy, improvisación para mañana

El aumento de los combustibles no es un fenómeno nuevo ni exclusivamente nacional. Guatemala importa prácticamente todos los derivados del petróleo que consume, por lo que el precio local depende del crudo internacional, los valores de referencia en Estados Unidos, el tipo de cambio, los fletes, los seguros marítimos, los inventarios y los márgenes de distribución. Durante el gobierno de Jimmy Morales, el alza de 2018 fue atribuida al encarecimiento internacional del petróleo, las sanciones contra Irán y Venezuela y la reducción de la oferta mundial. Su respuesta se concentró en monitorear expendios, pedir a la DIACO que combatiera la especulación y proponer, sin resultados permanentes, un mecanismo mediante el cual los impuestos disminuyeran cuando subiera el petróleo. El país identificó el problema, pero dejó pasar la oportunidad de construir una política energética y fiscal anticíclica.

Durante la administración de Alejandro Giammattei, la invasión rusa de Ucrania volvió a desnudar esa vulnerabilidad. El Congreso aprobó en 2022 los decretos 20-2022 y 28-2022, que otorgaron y ampliaron apoyos de Q5 por galón de diésel y gasolina regular, con una asignación que llegó a Q2 mil 600 millones. También hubo subsidios al gas propano. El argumento fue contener el impacto internacional sobre el transporte, los alimentos y la economía familiar, pero el resultado fue temporal. Guatemala terminó 2022 con una inflación de 9.24 por ciento, la más alta para un cierre de año desde 2015, confirmando que subsidiar el combustible puede amortiguar el golpe inmediato, pero no elimina su transmisión hacia toda la economía.

El gobierno de Bernardo Arévalo ha repetido la misma fórmula con más improvisación y mayor costo. El Decreto 11-2026, aprobado con 115 votos, destinó Q2 mil millones para reducir Q8 al galón de diésel y Q5 a las gasolinas. En mayo, los precios de referencia en la capital llegaron a Q39.33 para la superior, Q38.33 para la regular y Q35.93 para el diésel, mientras que a principios de junio, ya con el subsidio, bajaron a Q33.91, Q32.91 y Q30.64. Pero el fondo se consumió antes de lo previsto y terminó el 2 de julio. Después, la gasolina regular alcanzó alrededor de Q40.09 y el diésel Q42.29, acumulando este último Q15 de aumento entre la desaparición del apoyo y las nuevas presiones internacionales. Para el 3 de agosto, el monitoreo del MEM ubicaba los promedios nacionales en Q42.08 para la superior, Q41.08 para la regular y cerca de Q43.80 para el diésel. La guerra y las tensiones en el estrecho de Ormuz explican una parte del incremento, pero no justifican que el Gobierno haya esperado a que el subsidio se agotara para volver a improvisar.

Ahora Arévalo y los diputados oficialistas impulsan la iniciativa 6801, que propone Q12 por galón de diésel y Q3 para gasolina regular, con una readecuación de Q3 mil 480 millones. Al 10 de agosto, el proyecto continuaba pendiente de aprobación. La propuesta evidencia la ausencia de una visión de mediano plazo y las contradicciones de los aliados del Ejecutivo, que primero respaldaron un subsidio sin controles suficientes y luego cuestionaron si realmente llegó al consumidor. Entre abril y junio se habían ejecutado Q1 mil 580 millones, el 79 por ciento del fondo, mientras el Gobierno seguía sin presentar una evaluación pública convincente sobre cuánto se trasladó al precio final, quiénes fueron los principales beneficiarios y cómo evitar que el nuevo fondo vuelva a agotarse. Incluso se ha estimado que mantener los montos anunciados hasta diciembre podría costar Q4 mil 571 millones, muy por encima del espacio presupuestario ofrecido.

Guatemala necesita algo más serio que convertir cada crisis internacional en una nueva transferencia millonaria. Resulta absurdo cobrar IVA e Impuesto a la Distribución de Petróleo, asumir el costo administrativo de recaudar esos recursos y después volver a gastarlos mediante subsidios complejos, burocráticos y difíciles de fiscalizar. Una reducción temporal y automática de impuestos, activada mediante umbrales verificables del precio internacional, sería más transparente y menos costosa, acompañada de protección focalizada para el transporte colectivo y productivo. Pero la solución estructural exige una estrategia integral de movilidad con transporte público masivo, renovación de buses, infraestructura ferroviaria, movilidad eléctrica, ciclovías conectadas, planificación urbana y mejores carreteras y sistemas logísticos. Arévalo y sus aliados están gastando miles de millones para sobrevivir políticamente a la coyuntura, mientras siguen sin responder la pregunta fundamental de cómo hará Guatemala para depender menos del combustible importado dentro de cinco, diez o veinte años.