¿Vetar o no vetar? – Arévalo ¿del lado del negocio político o de la población? – Editorial

La eliminación del IUSI para las viviendas y los inmuebles de uso mixto ha sido presentada como una victoria para los contribuyentes. Sin embargo, el verdadero debate no gira únicamente alrededor de un impuesto, sino sobre la profunda crisis de legitimidad que enfrentan muchas municipalidades. Cuando una medida de esta naturaleza obtiene un respaldo ciudadano tan amplio, la explicación no se encuentra únicamente en el alivio económico que representa, sino en la incapacidad de numerosos gobiernos locales para convencer a los vecinos de que esos recursos se traducen en mejores servicios y una mejor calidad de vida.

Durante años, las municipalidades han defendido el IUSI como una herramienta indispensable para financiar el desarrollo local. El argumento es válido en teoría, pero pierde fuerza cuando la realidad cotidiana sigue marcada por problemas que parecen no encontrar respuesta. El acceso al agua potable continúa siendo deficiente en muchos municipios, el tráfico empeora año tras año, las calles permanecen deterioradas y la planificación urbana avanza con lentitud. Si la ciudadanía no percibe resultados concretos, tampoco encuentra razones para defender un impuesto cuyos beneficios rara vez logra identificar en su vida diaria.

La discusión, por tanto, va mucho más allá del populismo fiscal impulsado desde el Congreso. El verdadero problema es la ausencia de incentivos para que las municipalidades respondan con rapidez, eficiencia y transparencia a las demandas más urgentes de la población. Mientras el éxito de una administración local continúe midiéndose por la cantidad de proyectos inaugurados y no por indicadores objetivos de movilidad, abastecimiento de agua, seguridad vial, limpieza o atención al vecino, seguirá existiendo un terreno fértil para que cualquier propuesta de reducción de impuestos sea políticamente atractiva, aun cuando financieramente genere riesgos importantes.

Las críticas expresadas por varios alcaldes sobre el impacto que tendría la reducción del IUSI en las finanzas municipales exponen la profundidad de una posible crisis de resultados derivada del desfinanciamiento municipal. Defender la autonomía municipal implica demostrar que los recursos públicos se administran con eficiencia, transparencia y resultados medibles. La confianza ciudadana no se recupera únicamente advirtiendo sobre los efectos de una reducción de ingresos, sino construyendo gobiernos locales capaces de resolver problemas concretos y de rendir cuentas de manera permanente.

Si el presidente Arévalo decide vetar la ley, el debate no debería reducirse a quién gana o pierde políticamente. La verdadera oportunidad consiste en replantear el modelo de gobernanza municipal. Guatemala necesita municipios con catastros modernos, mecanismos efectivos de evaluación del desempeño, reglas claras sobre el destino de los recursos y administraciones que respondan con rapidez a las necesidades de sus vecinos. Mientras las municipalidades no demuestren que cada quetzal recaudado se convierte en mejores servicios públicos, cualquier propuesta para reducir impuestos seguirá encontrando respaldo popular. El problema no es únicamente cuánto pagan los ciudadanos, sino la creciente percepción de que reciben muy poco a cambio.