SIB establece qué funcionarios serán considerados personas expuestas políticamente

La Superintendencia de Bancos (SIB) emitió la Resolución 1799-2026, que establece los cargos públicos prominentes cuyos titulares serán considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Guatemala.

La disposición forma parte de la aplicación de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y busca fortalecer los controles sobre operaciones financieras vinculadas con funcionarios públicos.

La resolución, fechada el 27 de octubre de 2026 y publicada este martes 3 de noviembre, establece los parámetros que deberán utilizar las entidades obligadas para identificar a personas que desempeñan determinadas funciones públicas.

El documento se fundamenta en el Decreto 15-2026 del Congreso de la República y en un informe elaborado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

¿Qué cambia con la resolución de la SIB?

La normativa busca precisar qué cargos públicos dan lugar a la clasificación de una persona como PEP, con el propósito de que las instituciones financieras apliquen procedimientos de debida diligencia.

La resolución establece que los cargos comprendidos en esta categoría se encuentran detallados en un anexo elaborado por la IVE.

¿Quiénes pueden ser considerados PEP?

La Ley Integral contra el Lavado de Dinero contempla a personas que desempeñan o han desempeñado cargos públicos prominentes en Guatemala o en otros países, así como a quienes ejercen funciones relevantes en organismos internacionales.

La clasificación está relacionada con la responsabilidad y el nivel de exposición del cargo público, no con la existencia de una investigación penal.

El listado específico de puestos comprendidos en la Resolución 1799-2026 forma parte de su anexo.

¿Cuánto tiempo se mantiene la condición de PEP?

Uno de los cambios establecidos en el Decreto 15-2026 es la duración de esta clasificación.

La condición se mantiene durante un año después de dejar el cargo

Según la nueva legislación, una persona será considerada PEP desde que tome posesión del cargo correspondiente y hasta un año después de finalizar sus funciones.

Una vez transcurrido ese período, dejará de tener esa condición sin necesidad de realizar un trámite adicional.

La ley también establece que la clasificación tiene carácter preventivo y no debe utilizarse para limitar el acceso a productos o servicios financieros.

¿Qué deberán hacer las entidades financieras?

La resolución ordena a las personas obligadas implementar procedimientos adecuados de identificación y debida diligencia, conforme a la legislación vigente.

Estas medidas buscan reforzar los mecanismos de prevención frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.