PRIMERA PARTE / El reto de la sentencia de la CIJ: una realidad para el gobierno 2028-2032

Guatemala se aproxima a una de las decisiones internacionales más trascendentales de su historia contemporánea. Después de más de dos siglos de controversia territorial con Belice, el diferendo territorial, insular y marítimo se encuentra sometido a la Corte Internacional de Justicia —CIJ—, cuya sentencia será definitiva y vinculante para ambos Estados.

Durante años, la atención nacional se ha concentrado comprensiblemente en la reclamación: sus antecedentes históricos, los argumentos jurídicos de Guatemala, el territorio reclamado y las posibilidades de una resolución favorable. Sin embargo, conforme el proceso judicial avanza hacia su etapa final, existe otra pregunta que comienza a adquirir igual importancia: ¿está preparado el Estado de Guatemala para administrar la realidad que producirá la sentencia?

La pregunta resulta particularmente oportuna porque Guatemala entrará en 2027 a un nuevo proceso electoral. Quienes aspiren a gobernar durante el período 2028-2032 podrían recibir, al inicio mismo de su administración, la responsabilidad de implementar una resolución que definirá finalmente nuestras fronteras terrestres, insulares y marítimas con Belice.

No será un asunto menor ni exclusivamente diplomático. Será una responsabilidad de Estado.

El diferendo posee profundas raíces históricas. Las concesiones otorgadas por España a Gran Bretaña en 1783 y 1786, el Tratado Aycinena-Wyke de 1859, las posteriores posiciones guatemaltecas sobre su incumplimiento y décadas de negociaciones diplomáticas forman parte de una controversia que atravesó generaciones de nuestra política exterior. Después de agotarse las negociaciones directas, Guatemala y Belice encontraron finalmente en la solución judicial internacional la vía para resolverla definitivamente.

El punto de inflexión ocurrió con el Acuerdo Especial suscrito en 2008. Posteriormente, los ciudadanos de ambos países fueron consultados. Guatemala celebró su consulta popular el 15 de abril de 2018 y el 95.88 por ciento de quienes acudieron a las urnas aprobó someter a la CIJ la reclamación guatemalteca sobre territorios continentales, insulares y las áreas marítimas correspondientes. Belice celebró su propia consulta en mayo de 2019 y también aprobó acudir al tribunal internacional.

Ambos pueblos hicieron algo extraordinariamente significativo: aceptaron que la controversia histórica dejara de resolverse mediante confrontación política o negociaciones interminables y fuera decidida conforme al Derecho Internacional. La decisión que emita la Corte será definitiva y vinculante.

El procedimiento avanzó posteriormente mediante la presentación de los argumentos escritos de ambos Estados y actualmente continúa pendiente de la fase oral. No existe todavía una fecha pública anunciada para esas audiencias.

El calendario, además, se ha vuelto más complejo. Durante los últimos años, la CIJ ha debido atender una agenda internacional extraordinariamente intensa, incluyendo controversias vinculadas con conflictos armados y procedimientos que han requerido atención prioritaria.

A ello se agrega un elemento directamente relacionado con Guatemala. En 2022, Belice presentó ante la Corte un caso separado contra Honduras relativo a la soberanía sobre los Cayos Zapotillos —Sapodilla Cayes—, sobre los cuales Guatemala también mantiene una reclamación dentro de su controversia con Belice. Para proteger sus intereses jurídicos, Guatemala solicitó autorización para intervenir en ese procedimiento. En marzo de 2026, la Corte admitió esa intervención y el procedimiento continúa ahora con Guatemala como Estado interviniente.

La existencia simultánea de ambas controversias introduce necesariamente una complejidad adicional. Aunque jurídicamente se trata de procesos independientes, existe un elemento territorial común que exige coherencia entre las decisiones que adopte la Corte.

En este contexto, resulta razonable trabajar, para efectos de planificación, con un escenario en el cual las audiencias orales del diferendo Guatemala-Belice puedan producirse durante 2027 y la sentencia hacia finales de ese año o durante 2028. No se trata de un calendario oficial de la Corte, sino de una estimación que debería ser suficiente para activar la planificación estratégica del Estado.

La coincidencia con nuestro calendario político resulta evidente. El próximo gobierno tomará posesión el 14 de enero de 2028. Podría recibir una sentencia recién pronunciada, encontrarse esperando su inminente emisión o asumir inmediatamente la responsabilidad de comenzar su implementación.

Y allí comienza el verdadero reto.