Contralor, elecciones y campaña anticipada, las batallas que definirán el futuro de Guatemala – Editorial

Guatemala devuelve la mirada hacia una competencia más decisiva que cualquier final de fútbol. La elección del nuevo Contralor General de Cuentas, el inicio del proceso electoral de 2027 y el crecimiento de la campaña anticipada representan tres disputas que pondrán a prueba la independencia de las instituciones y la fortaleza de nuestra democracia. Mientras buena parte de la atención pública permanece concentrada en el deporte, la política continúa moviéndose alrededor del control de las instituciones que fiscalizan el poder, administran las reglas electorales y garantizan la competencia democrática. Son decisiones que tendrán mucho mayor impacto en la vida de los guatemaltecos que cualquier resultado deportivo.

La elección del próximo Contralor General de Cuentas trasciende una simple designación administrativa. El Congreso deberá escoger, con al menos 81 votos, a quien dirigirá la institución durante el período 2026 al 2030, a partir de la nómina propuesta por la Comisión de Postulación. La Contraloría es responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos en prácticamente todo el Estado, incluidas municipalidades, ministerios, entidades autónomas y cualquier institución que administre fondos públicos. Solamente en la auditoría del presupuesto de 2025 reportó más de 3,000 sanciones económicas, 57 formulaciones de cargos y 114 denuncias penales relacionadas con hallazgos superiores a los Q8,700 millones. En el ejercicio anterior también reportó miles de sanciones y decenas de denuncias por montos superiores a los Q7,800 millones. Quien controle políticamente esa institución no controla las candidaturas, pues esa competencia corresponde al Tribunal Supremo Electoral, pero sí puede influir profundamente en los incentivos del sistema político. Una Contraloría independiente fortalece la rendición de cuentas y combate la corrupción. Una Contraloría capturada puede convertirse en un instrumento de impunidad al dejar de investigar determinados grupos de poder o utilizar selectivamente la fiscalización para presionar adversarios políticos. Por ello resulta preocupante que buena parte del debate en el Congreso continúe girando alrededor de cuotas y negociaciones, en lugar de discutir públicamente la independencia, capacidad técnica y trayectoria que requiere quien ejercerá uno de los principales controles del Estado.

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo Electoral ha comenzado la preparación del proceso electoral de 2027. El cronograma preliminar contempla la convocatoria a elecciones en enero de 2027 y la celebración de la primera vuelta presidencial en junio del mismo año. También ha informado que actualmente existen 24 partidos políticos vigentes y más de una veintena de organizaciones en proceso de formación, mientras continúa promoviendo jornadas de empadronamiento y actualización del padrón electoral. Sin embargo, la discusión no debe limitarse al calendario. El verdadero desafío consiste en recuperar la credibilidad del árbitro electoral. La experiencia reciente dejó una profunda percepción de incertidumbre jurídica derivada de criterios cambiantes en la aplicación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Una democracia pierde legitimidad cuando las normas parecen aplicarse de manera distinta según el actor político involucrado. El Estado de Derecho exige reglas generales, previsibles y uniformes, no interpretaciones coyunturales condicionadas por presiones políticas.

La campaña anticipada constituye otra evidencia del deterioro institucional. Aunque la legislación establece que la propaganda electoral únicamente puede desarrollarse durante el período oficialmente convocado, desde hace meses numerosos actores políticos utilizan redes sociales, actividades públicas, inauguraciones, entrevistas y campañas de imagen para posicionarse frente al electorado. El propio Tribunal Supremo Electoral ha informado sobre más de un centenar de expedientes relacionados con posibles casos de campaña anticipada. El problema es que muchas de esas investigaciones únicamente podrían traducirse en sanciones cuando las personas sean inscritas formalmente como candidatas. Ese vacío genera un incentivo perverso para quienes cuentan con mayores recursos económicos, estructuras territoriales o acceso al aparato estatal. La ley termina castigando tarde o simplemente dejando sin consecuencias conductas que todos observan desde mucho antes de iniciado el proceso electoral.

En este contexto, el gobierno de Bernardo Arévalo tampoco puede limitarse a presentarse como un espectador de los acontecimientos. Su administración llegó prometiendo rescatar las instituciones, pero fortalecerlas significa respetar su independencia, no influir políticamente en ellas ni asumir que únicamente son legítimas cuando coinciden con los intereses del Ejecutivo. Del otro lado, el Congreso continúa mostrando una preocupante incapacidad para construir acuerdos alrededor de reformas institucionales profundas y permanece atrapado en negociaciones de corto plazo. A ello se suma una sociedad civil que muchas veces actúa con criterios selectivos y un sistema político que continúa enfrentando los riesgos derivados de la infiltración del narcotráfico, el crimen organizado y otras estructuras ilícitas interesadas en capturar espacios de poder. La propia Embajada de Estados Unidos ha reiterado públicamente la necesidad de proteger las elecciones de segundo grado frente a esos intereses. Después del Mundial, Guatemala deberá decidir si quiere consolidar instituciones independientes capaces de controlar el poder o permitir que el populismo, la arbitrariedad, la corrupción y la captura del Estado continúen debilitando la democracia. Las verdaderas finales para el país no se jugarán en una cancha de fútbol, sino en la defensa de las instituciones que garantizan la libertad, la legalidad y la igualdad de todos ante la ley.