Dinero público, transparencia restringida: el Gobierno de Arévalo limita el acceso a información

La transparencia no consiste en permitir que la población vea únicamente lo que al Gobierno le resulta cómodo mostrar. Tampoco consiste en asegurar que la información “sigue disponible” después de eliminar las herramientas que permitían encontrarla, relacionarla y comprenderla.

Desde el 21 de julio, el Ministerio de Finanzas restringió la función “Buscar un proveedor” de Guatecompras. La explicación oficial es que la consulta incluía millones de registros del RTU, provocaba lentitud y estaba siendo utilizada para fines distintos de la contratación pública. Según el Ministerio, se trató únicamente de una “optimización” del sistema.

Si Guatecompras tenía problemas de capacidad, correspondía mejorar su infraestructura. Lo que no correspondía era reducir su utilidad como herramienta de fiscalización. El cambio dificulta reconstruir relaciones entre personas, representantes legales, empresas, oferentes y contratistas del Estado. Ese cruce de información es el que ha permitido descubrir proveedores vinculados, conflictos de interés, competencia simulada y sociedades que aparecen repetidamente alrededor de los mismos negocios públicos.

Finanzas sostiene que los documentos continúan disponibles dentro de cada evento. Ese argumento tampoco resuelve el problema. Permitir que alguien encuentre un contrato cuando ya conoce el NOG no equivale a permitirle investigar quiénes contratan con el Estado y cómo están relacionados. Para encontrar lo que el Gobierno preferiría que nadie encontrara, primero habría que saber exactamente qué se está buscando.

Una información que técnicamente existe, pero que se vuelve difícil de localizar y relacionar, deja de ser verdaderamente accesible. Se puede presentar como un cambio técnico, pero su consecuencia política es evidente: ahora resulta más difícil seguirles la pista a los proveedores y contratos del Gobierno.

Hay otro aspecto que el oficialismo no puede pretender ignorar. Las consultas públicas también permitieron identificar a activistas afines que, después de la llegada de Arévalo al poder, pasaron a ocupar cargos, prestar servicios o recibir pagos provenientes del Estado. Todo indica que esa exposición ha resultado incómoda para algunos de los nuevos funcionarios y contratistas.

Su incomodidad es irrelevante.

Quien acepta un cargo público, presta servicios al Gobierno o celebra un contrato pagado con impuestos acepta también que su nombre, funciones, honorarios y relación contractual queden sometidos al escrutinio ciudadano. No es persecución ni violación de la privacidad. Es una condición inherente al manejo de recursos públicos. Quien no está dispuesto a aceptar ese escrutinio no debe cobrar del erario.

La incomodidad de los activistas ahora convertidos en funcionarios o contratistas de piel delicada no constituye fundamento jurídico para esconder datos ni para amputar las capacidades de Guatecompras.

La contradicción es todavía más evidente porque Movimiento Semilla y sus aliados utilizaron durante años la información pública para fiscalizar, señalar funcionarios, identificar contratistas y exponer relaciones entre personas y empresas. La propia bancada de Semilla presentaba sus acciones de fiscalización como uno de sus principales méritos políticos.

Hicieron bien en utilizar esos datos. Lo que no pueden hacer ahora es cambiar las reglas porque los nombres expuestos son los suyos. No se puede defender la transparencia desde la oposición y considerarla abusiva después de llegar al Gobierno.

También se ha documentado la desaparición del acceso público al módulo de SIGES que permitía consultar modificaciones contractuales. Esa información es especialmente importante porque muestra ampliaciones, prórrogas y cambios de valor. Es después de la adjudicación cuando muchos contratos terminan engordando, cambiando sus condiciones o convirtiéndose en algo distinto de lo que originalmente fue aprobado.

La ley no deja este asunto sujeto al criterio del presidente ni del ministro de Finanzas. El artículo 4 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado establece que la consulta en Guatecompras debe ser pública, irrestricta y gratuita. La misma norma prohíbe que cualquier funcionario limite, altere o restrinja la información pública que debe contener el sistema.

Bernardo Arévalo y Jonathan Menkos tienen autoridad para administrar Guatecompras, pero no para decidir cuánta transparencia les conviene permitir. Su autoridad administrativa no incluye la potestad de reducir, por medio de un ajuste técnico, las obligaciones impuestas por la Constitución, la Ley de Contrataciones y la Ley de Acceso a la Información Pública.

El dinero no es de ellos y los contratos tampoco. Son recursos de los guatemaltecos y deben quedar sometidos al mayor nivel posible de escrutinio.

Lo ocurrido en Guatecompras tampoco parece ser un hecho aislado. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad retiró de su portal la serie histórica de estadísticas sobre criminalidad y violencia correspondiente a 2012-2023. El antiguo repositorio dejó de funcionar y la sección actual de informes no contiene esos documentos.

Desde que Arévalo asumió la Presidencia, la STCNS no ha publicado en su portal uno solo de los reportes periódicos que anteriormente permitían conocer y comparar la evolución de la criminalidad en Guatemala.

No parece que la institución haya dejado de producir información. Su propio Plan Estratégico Institucional 2024-2028 reconoce que continúa integrando estadísticas actualizadas y elaborando informes para el Consejo Nacional de Seguridad. Los datos siguen siendo útiles para el Gobierno; simplemente dejaron de estar disponibles para los ciudadanos.

Esa decisión impide comparar los resultados actuales con los de años anteriores, evaluar objetivamente la gestión de seguridad y comprobar si las declaraciones oficiales coinciden con la realidad. El Gobierno conserva la información necesaria para construir su discurso, mientras limita la información que permitiría cuestionarlo.

CentraNews considera que ambas decisiones deben revertirse inmediatamente. Finanzas debe restablecer las capacidades de búsqueda y trazabilidad de Guatecompras, así como el acceso a todas las modificaciones contractuales. La STCNS debe devolver al portal la serie histórica completa y reanudar la publicación periódica de sus estadísticas.

También deben hacerse públicas las órdenes, resoluciones, dictámenes y criterios técnicos utilizados para limitar estos accesos. Los guatemaltecos tienen derecho a saber quién tomó las decisiones, con qué fundamento legal y bajo la responsabilidad de qué funcionarios.

Hasta ahora puede comprobarse que la información fue retirada del acceso público, no necesariamente que los registros hayan sido destruidos. Si además se llegaran a borrar archivos, bases de datos o registros oficiales, el hecho sería todavía más grave y podría constituir destrucción u ocultamiento de información pública.

Un gobierno que verdaderamente quiere ser fiscalizado facilita el acceso, mejora los sistemas y amplía las posibilidades de análisis. El gobierno de Arévalo está haciendo exactamente lo contrario.

No es transparencia. Es opacidad creada para proteger al poder de la fiscalización ciudadana.