El Juicio que la izquierda no esperaba – Editorial

Durante años, Gustavo Petro prometió transformar Colombia. Prometió una nueva política, una nueva relación entre el Estado y la sociedad, y una estrategia distinta para enfrentar décadas de violencia. Sin embargo, para millones de colombianos, su gobierno terminó representando exactamente lo contrario: el debilitamiento del Estado, la expansión del crimen organizado y la consolidación de estructuras del narcotráfico que hoy operan con más capacidad y presencia territorial que cuando inició su mandato.

La mayor promesa de Petro fue la llamada “Paz Total”. Su resultado, sin embargo, fue profundamente distinto al anunciado. Bajo el discurso de la negociación y el diálogo, organizaciones del narcotráfico, carteles, aprovecharon años de reducción de presión estatal para fortalecerse, reclutar, expandir sus operaciones y recuperar territorios estratégicos. Lo que debía ser una política de pacificación terminó convirtiéndose, en la práctica, en una política que otorgó tiempo, espacio y ventajas a grupos que nunca abandonaron sus actividades criminales.

Durante cuatro años, Colombia observó cómo aumentaban los secuestros, las extorsiones, los atentados y la presencia territorial del narco. Mientras el gobierno insistía en defender su estrategia, muchas regiones experimentaban una realidad diferente: menos control estatal y más control criminal.

La consecuencia más grave fue que el narcotráfico no retrocedió. Por el contrario, numerosos críticos sostienen que el petrismo terminó protegiendo indirectamente las condiciones que permiten prosperar a los carteles y a las economías ilegales. La disminución de la presión operativa, la incertidumbre sobre la acción de la Fuerza Pública y la constante búsqueda de acuerdos con actores armados generaron un entorno favorable para que estas estructuras se reorganizaran y fortalecieran.

Para una parte importante de la opinión pública, el legado de Petro no será recordado por haber derrotado al crimen, sino por haberle permitido recuperarse después de años de presión estatal. Los grupos criminales no fueron desmantelados. Se adaptaron, crecieron y consolidaron posiciones estratégicas mientras el gobierno insistía en una estrategia que no produjo los resultados prometidos.

Por ello, la discusión ya no gira únicamente en torno al fracaso de una política pública. Cada vez más colombianos consideran que es necesario determinar si ciertas decisiones gubernamentales favorecieron directa o indirectamente a organizaciones criminales y si existieron actos de corrupción, omisiones deliberadas o abusos de poder que deban ser investigados.

La pregunta dejó de ser política. Se convirtió en una cuestión institucional: ¿deben los funcionarios responder por las consecuencias de decisiones que fortalecieron a estructuras criminales y debilitaron la capacidad del Estado para enfrentarlas?

La narrativa emergente es clara. Si existieron irregularidades, corrupción administrativa, favorecimientos indebidos o acciones que contribuyeron a la expansión del narcotráfico y de grupos armados ilegales, sus responsables deben comparecer ante la justicia. No por razones ideológicas ni por revancha política, sino porque ningún gobernante puede quedar exento de rendir cuentas por el impacto de sus decisiones.

La historia colombiana demuestra que los gobiernos pasan, pero las consecuencias de sus actos permanecen. La incógnita que comienza a instalarse es si el legado político del petrismo terminará siendo evaluado únicamente por las urnas o también por los tribunales. Porque el poder es temporal. La responsabilidad, cuando la justicia funciona, no debería serlo.