Violencia preelectoral y un gobierno que llega tarde – Editorial

Guatemala aún no ha llegado a la convocatoria oficial de las elecciones generales de 2027, prevista para el 22 de enero, pero el periodo preelectoral ya se desarrolla en un clima creciente de violencia e intimidación. Los asesinatos, atentados y amenazas contra alcaldes, exalcaldes, concejales y excandidatos evidencian que la disputa por el poder territorial comienza a estar condicionada por estructuras capaces de recurrir a la fuerza y al miedo. En una democracia, la seguridad mínima no consiste únicamente en resguardar los centros de votación durante los comicios. También implica garantizar que las personas puedan postularse, hacer campaña, fiscalizar al poder y ejercer el periodismo sin poner en riesgo su vida. En esa obligación, el gobierno de Bernardo Arévalo y el Ministerio de Gobernación han mostrado una preocupante incapacidad. Que Gobernación anunciara hasta julio de 2026 la elaboración de un mapa de municipios amenazados por la violencia política y el financiamiento del narcotráfico constituye, más que una demostración de previsión, el reconocimiento tardío de un fenómeno conocido desde hace años.

El problema adquiere mayor gravedad cuando la inoperancia estatal del Gobierno de Semilla se combina con silencios selectivos, alianzas políticas opacas y una actitud de aparente tolerancia frente a actores señalados por sus posibles vínculos con estructuras criminales. A ello se suma una evidente negativa a combatir frontalmente al narcotráfico con todos los recursos disponibles. Esto quedó demostrado cuando el Ejecutivo descartó solicitar o respaldar operaciones militares estadounidenses directas en territorio guatemalteco y limitó la cooperación ofrecida a equipo, capacitación, inteligencia y asistencia técnica. La señal fue inequívoca y difícilmente pasó inadvertida en Washington. Frente a una amenaza transnacional que rebasa las capacidades nacionales, el Gobierno cerró la puerta a una cooperación más contundente sin demostrar que cuenta con resultados propios capaces de sustituirla. Esta falta de firmeza, prevención y resultados produce un efecto funcionalmente favorable para las estructuras criminales. El narcotráfico no necesita controlar formalmente todo el Estado para influir en el resultado electoral. Le basta con financiar candidaturas, intimidar o eliminar adversarios, capturar municipalidades, asegurar representación en el Congreso y condicionar las decisiones de las próximas autoridades. Cada amenaza que no se investiga, cada asesinato que permanece sin esclarecer y cada vínculo político que se decide ignorar reduce el costo de esa estrategia y despeja el terreno para los intereses criminales. Si el Gobierno conoce estos riesgos y, aun así, protege alianzas, minimiza las advertencias, rechaza apoyos estratégicos o actúa únicamente después de los hechos, su inoperancia debe ser considerada complicidad por omisión.

Los antecedentes deberían haber obligado al Gobierno a actuar con mayor anticipación. La misión de observación electoral de la OEA documentó durante el proceso de 2023 seis ataques directos con armas de fuego contra candidatos municipales, con un saldo de cuatro asesinatos y dos intentos de homicidio. También registró tres ataques contra integrantes de partidos políticos que dejaron otros dos muertos y una persona herida. El patrón continuó durante 2025 con los asesinatos de Gerson Saúl Ajcúc Xot, alcalde de Chuarrancho, y Nelson Luciano Marroquín, alcalde de Masagua, además de las muertes violentas de los excandidatos Luis Armando Mota y José Elías Ramírez. En 2026 fueron asesinados Marvin Rolando Cruz Guzmán, exalcalde de Dolores, Petén, y Danilo Aguirre Arana, excandidato a alcalde de Comapa, mientras una concejal de Chinautla sobrevivió a otro ataque armado. La acumulación de hechos exige una respuesta institucional que vaya más allá del tratamiento aislado de cada expediente.

No todos estos crímenes tienen un móvil político o electoral judicialmente establecido y sería irresponsable atribuirles una misma causa sin contar con pruebas concluyentes. Sin embargo, la recurrencia de ataques contra personas vinculadas con gobiernos municipales, especialmente en territorios disputados por estructuras criminales, impide considerarlos simples coincidencias. El propio ministro de Gobernación reconoció que algunas confrontaciones ya no responden a diferencias ideológicas, sino al control territorial necesario para desarrollar actividades ilícitas. También advirtió que el ingreso de recursos del narcotráfico en las campañas puede incrementar la violencia. Pese a la gravedad de ese diagnóstico, el anuncio oficial no identificó públicamente los municipios priorizados ni presentó resultados verificables de una estrategia especial de protección. Elaborar mapas y anunciar reuniones representa apenas una fase inicial. Lo que el país necesita es inteligencia operativa, prevención efectiva y capacidad para desarticular las estructuras antes de que condicionen las candidaturas y los resultados electorales.

La amenaza se extiende también al ejercicio del periodismo. El 13 de agosto, Rodrigo Arenas, presidente editor de República, denunció la existencia de un supuesto plan para atentar contra su vida y contra integrantes de su equipo editorial. Arenas relacionó las amenazas con investigaciones publicadas por el medio sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones dedicadas al narcotráfico. La denuncia no establece por sí misma la responsabilidad de ninguna persona, pero su gravedad obliga a las autoridades a investigarla con independencia y brindar protección inmediata. La Cámara Guatemalteca de Periodismo solicitó medidas de seguridad para Arenas y su equipo, mientras el Ministerio Público confirmó separadamente amenazas contra fiscales que investigan narcotráfico, extorsión y tráfico de armas. Cuando la intimidación alcanza simultáneamente a periodistas y operadores de justicia, el objetivo puede trascender el silenciamiento individual y convertirse en un mecanismo para impedir investigaciones, restringir el debate público y garantizar impunidad.

Los procesos judiciales desarrollados en Estados Unidos demuestran que la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca no constituye únicamente una preocupación hipotética. En febrero de 2025, una corte federal estadounidense condenó a 18 años de prisión al exdiputado José Armando Ubico Aguilar, quien admitió haber facilitado el paso de por lo menos 450 kilogramos de cocaína por Guatemala. En julio de 2026, el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa Romeo Ramos Cruz se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, utilizó su cargo para nombrar a un narcotraficante en una posición superior de la policía municipal y pretendió encubrir un cargamento como una donación de cemento. Ante estos antecedentes, la Embajada estadounidense calificó como alarmantes, aunque no sorprendentes, los informes sobre políticos vinculados con el narcotráfico y anunció cero tolerancia contra quienes proporcionen cobertura política a estas organizaciones. La cooperación guatemalteca en capturas y extradiciones es necesaria, pero no sustituye la obligación de prevenir la infiltración criminal dentro del país.

Una evaluación objetiva debe reconocer que el primer semestre de 2026 registró 162 homicidios menos que el mismo periodo de 2025. Sin embargo, solo en junio se contabilizaron 265 homicidios, equivalentes a un promedio de 8.83 diarios, mientras la tasa interanual se situó en 16.3 por cada cien mil habitantes. La reducción general no puede utilizarse para minimizar una violencia selectiva que amenaza el funcionamiento de la democracia. El presidente Arévalo debe asumir personalmente el liderazgo y ordenar, antes de la convocatoria electoral, un sistema público de evaluación de riesgos, protocolos de protección para autoridades, candidatos y periodistas, investigación financiera de las campañas y una coordinación efectiva entre Gobernación, el TSE, la inteligencia financiera, la Policía y el Ministerio Público. Si el Gobierno persiste en una estrategia principalmente reactiva, las elecciones podrían quedar condicionadas por quienes poseen capacidad para intimidar, financiar e imponer candidaturas. Una democracia deja de ser plenamente libre antes del día de la votación cuando el miedo comienza a decidir quién puede participar.