La Contraloría no es un botín político – Editorial

La elección del próximo contralor general de Cuentas no es un trámite burocrático ni un reparto más de espacios entre quienes tienen votos en el Congreso. Es una decisión sobre quién fiscalizará los recursos públicos durante el período 2026–2030 y bajo qué criterios ejercerá una autoridad capaz de incidir en ministerios, municipalidades y entidades estatales. La Constitución define a la Contraloría como una institución técnica descentralizada. Convertirla en instrumento de presión, protección o negociación política desnaturalizaría precisamente el mandato para el cual fue creada.

El procedimiento tiene números concretos. El Congreso convocó a integrar la Comisión de Postulación mediante el Acuerdo Legislativo 16-2026, aprobado con 129 votos; sus 27 integrantes fueron juramentados el 13 de agosto. Se recibieron 58 expedientes, 40 profesionales superaron la revisión inicial y 15 avanzaron a las entrevistas del 19 de septiembre. De este grupo debe surgir una nómina de seis aspirantes que será remitida al Legislativo, donde la designación necesita al menos 81 votos. Cada filtro, cada ponderación y cada voto importan porque una elección formalmente legal no queda automáticamente libre de intereses particulares.

El incentivo para cooptar la Contraloría es evidente en el diseño de poder, aunque ese riesgo no prueba por sí solo un pacto en el proceso actual. Para sectores legislativos, una autoridad afín podría significar menor escrutinio sobre el manejo de recursos y mayor capacidad de influencia sobre alcaldías y administraciones públicas. Para cualquier Ejecutivo, incluida la administración de Bernardo Arévalo, la tentación institucional sería contar con un órgano fiscalizador complaciente frente a su gestión o más severo con sus adversarios. El punto es exigir que ninguno de ellos convierta la elección en una moneda de cambio de cara a 2027.

Guatemala ya conoce el costo de permitir que decisiones administrativas incidan desproporcionadamente en derechos políticos. En el caso de Jordán Rodas, relacionado con la elección de 2023 y controversias sobre su finiquito, el Estado reconoció en un acuerdo de solución amistosa homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por violaciones de derechos políticos y garantías judiciales. Se trata de un antecedente de otra administración, no de una prueba contra los aspirantes actuales ni contra el Ejecutivo de hoy. Pero demuestra por qué los procedimientos de fiscalización y solvencia deben estar sujetos a reglas previsibles, motivación suficiente y revisión efectiva.

La Contraloría no puede convertirse en una oficina de impunidad para aliados ni en una fábrica de obstáculos para opositores. Fiscalizar implica verificar hechos, documentar hallazgos, respetar el derecho de defensa y acudir a los mecanismos legales que correspondan. No significa sustituir al Ministerio Público, a los jueces o al Tribunal Supremo Electoral; tampoco paralizar discrecionalmente la administración pública. El Estado de Derecho requiere controles capaces de detectar irregularidades, pero igualmente exige frenos frente a la arbitrariedad de quienes controlan. En esa tensión se jugará buena parte de la legitimidad del próximo contralor.

El Congreso tendrá una responsabilidad que no podrá esconder detrás de la nómina de la Postuladora. Corresponde examinar trayectorias, posibles conflictos de interés, planes de trabajo y compromisos públicos verificables, y explicar el sentido de los votos. El Ejecutivo, por su parte, debe mantenerse dentro de sus competencias, sin buscar ventajas en la designación de quien terminará fiscalizando también su propia administración. Las universidades y los colegios profesionales tampoco quedan exentos de responder por la seriedad de sus decisiones. La transparencia no consiste en transmitir sesiones mientras las decisiones sustantivas se toman fuera de ellas.

La elección del contralor puede incidir en el rumbo del país no por la ideología del elegido, sino por su capacidad de ejercer autoridad sin obediencias partidarias y sin apartarse de la Constitución. Guatemala necesita una fiscalización que proteja el patrimonio público, permita actuar a quienes cumplen la ley y cierre el paso a la utilización selectiva del aparato estatal. La pregunta de fondo es si prevalecerá la función constitucional de la Contraloría o el incentivo de convertirla en una cuota de poder antes de las próximas elecciones.