España ante la dictadura sandinista: el silencio también legitima – Por: Enrique Martínez

Por Enrique Martínez | Directivo de Ruta del Cambio Nicaragua

La recepción de Valdrack Jaentschke en la Cumbre Iberoamericana de Madrid no puede minimizarse como una formalidad diplomática. España abrió sus puertas a un alto funcionario señalado en las investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas y lo incorporó a la escena oficial sin una interpelación pública proporcional a la gravedad de los hechos documentados. El protocolo no justifica el silencio. Cuando una democracia recibe con normalidad a representantes de una estructura represiva, contribuye a blanquear políticamente a la dictadura sandinista.

El informe A/HRC/61/56, presentado en 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos, no describe abusos aislados. Expone una política de Estado. Desde abril de 2018, actores estatales y no estatales han cometido violaciones graves de manera sistemática y generalizada contra personas consideradas opositoras, críticas o vinculadas con ellas. El Grupo documenta asesinatos, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, deportación y persecución política. Algunas de estas conductas constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad.

La represión no se ha debilitado. Ha evolucionado. Comenzó con la violencia para sofocar las protestas de 2018, avanzó hacia la eliminación de la competencia política y terminó extendiéndose contra periodistas, defensores de derechos humanos, universidades, comunidades religiosas, el movimiento campesino, pueblos indígenas y personas exiliadas. La dictadura sandinista ya no busca únicamente castigar la protesta. Pretende destruir cualquier espacio de autonomía social, pensamiento crítico o resistencia organizada.

El informe de 2026 añade un elemento decisivo: la persecución se financia con recursos del Estado. Según el Grupo de Expertos, fondos públicos destinados a finalidades sociales, administrativas y operativas habrían sido desviados para sostener estructuras de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias. La población nicaragüense no solo sufre la represión, sino que es obligada a financiarla con recursos que deberían destinarse a educación, salud, infraestructura y protección social. Corrupción y violencia política integran una misma arquitectura de poder.

La persecución también ha cruzado las fronteras. El documento Persecución más allá de las fronteras, publicado por el Grupo en septiembre de 2025, registra privaciones arbitrarias de nacionalidad, prohibiciones de ingreso, negativa de pasaportes, eliminación de registros civiles, confiscación de bienes y pensiones, vigilancia, amenazas y represalias contra familiares. También advierte sobre el uso abusivo de mecanismos internacionales, alertas migratorias y controles financieros. Para la dictadura sandinista, el exilio no debe significar libertad, sino la prolongación del castigo.

En ese contexto, la presencia de Jaentschke en Madrid adquiere una gravedad particular. No compareció simplemente un diplomático de un gobierno cuestionado. Compareció un funcionario mencionado en relación con una estructura que, según una investigación independiente de las Naciones Unidas, vigila, intimida y persigue a nicaragüenses fuera del país. España no puede alegar desconocimiento. Los informes son públicos, detallados y suficientemente graves para exigir una respuesta política visible.

La omisión española resulta todavía más censurable porque en su territorio viven nicaragüenses que huyeron de la cárcel, la confiscación, la desnacionalización y las amenazas. España ha escuchado sus testimonios y conoce el alcance de la persecución. Sin embargo, al recibir a Jaentschke sin una condena pública simultánea, terminó privilegiando la comodidad diplomática sobre la dignidad de las víctimas. Una democracia no puede ofrecer protección a los perseguidos y, al mismo tiempo, brindar normalidad institucional a quienes representan la maquinaria que los expulsó.

Madrid tenía la oportunidad de exigir respuestas sobre personas presas por razones políticas, desapariciones, prohibiciones de retorno, confiscaciones y operaciones de vigilancia transnacional. También podía reclamar cooperación inmediata con los mecanismos de Naciones Unidas. Si esos reclamos se plantearon en privado, España debe hacerlos públicos. Si no se formularon, el Gobierno español debe explicar por qué decidió guardar silencio frente a señalamientos que comprometen la responsabilidad internacional de altos funcionarios de la dictadura sandinista.

No basta con invocar el diálogo. La interlocución sin condiciones, sin transparencia y sin consecuencias termina convertida en legitimación. Cada saludo oficial, cada fotografía y cada asiento concedido comunica una posición política. Cuando España omite acompañar esos gestos con exigencias claras, fortalece la propaganda de la dictadura, debilita a las víctimas y transmite que los informes internacionales pueden ser ignorados cuando interfieren con la conveniencia diplomática.

La respuesta debe ser concreta. España debe exigir cooperación con el Grupo de Expertos, respaldar investigaciones bajo el principio de jurisdicción universal, preservar pruebas y promover medidas individuales cuando existan fundamentos jurídicos suficientes y pleno respeto al debido proceso. También debe fortalecer la protección de personas exiliadas, impedir el uso abusivo de INTERPOL y otros instrumentos internacionales, y coordinar controles sobre las redes financieras que sostienen la represión.

Los informes de las Naciones Unidas no fueron elaborados para adornar archivos institucionales. Son herramientas para identificar responsabilidades, proteger a las víctimas y combatir la impunidad. Ignorarlos en la práctica, mientras se proclama retóricamente la defensa de los derechos humanos, convierte esa política exterior en una declaración vacía.

La Cumbre de Madrid deja una conclusión incómoda: España falló al no marcar una distancia pública, firme y verificable frente a un representante de la dictadura sandinista señalado por su relación con la represión transnacional. La diplomacia puede mantener canales abiertos, pero no debe cerrar los ojos. Puede dialogar, pero no blanquear. Ningún salón oficial debe convertirse en refugio simbólico para quienes representan una maquinaria que ha perseguido, encarcelado, desnacionalizado y expulsado a miles de nicaragüenses.

Enrique Martínez

Directivo de Ruta del Cambio Nicaragua