MP allana 13 inmuebles vinculados al entorno de Miguel Martínez

El Ministerio Público (MP) ejecutó una serie de allanamientos en inmuebles vinculados con familiares y personas del entorno de Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y abarcaron 13 inmuebles. Entre los lugares intervenidos figura una residencia ubicada en Jocotenango, Sacatepéquez, relacionada con los padres del exfuncionario. También se efectuaron operativos en otros puntos del país.

MP mantiene bajo reserva detalles de la investigación

Una parte central del caso continúa bajo reserva, por lo que el Ministerio Público no ha divulgado públicamente todos los hechos investigados ni el alcance completo del expediente.

El Departamento de Información y Prensa del MP señaló que se elaboran los informes internos correspondientes a los resultados de las diligencias y que únicamente se divulgará información que no comprometa el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con información conocida este 24 de septiembre, los fiscales localizaron indicios y documentación vinculados con empresas que forman parte de las pesquisas. También se reportó la búsqueda de teléfonos, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos tecnológicos.

Investigación alcanza al entorno de Miguel Martínez

Los operativos no se limitaron a una sola propiedad. Las diligencias se desarrollaron en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla y alcanzaron inmuebles relacionados con distintas personas del entorno del exfuncionario.

Información periodística basada en fuentes vinculadas con la investigación señala que las pesquisas incluyen la creación de sociedades anónimas y la adquisición de bienes inmuebles. El MP, sin embargo, mantiene bajo reserva información relevante del expediente, por lo que todavía no se conoce públicamente la totalidad de los hechos que sustenta el caso.

Según lo informado por el ente investigador, este expediente forma parte de varios casos relacionados con Martínez y personas de su círculo.

La reserva, de acuerdo con la institución, busca evitar que la divulgación de información pueda poner en riesgo las investigaciones.

Bienes vinculados a Martínez ya habían sido investigados

Las diligencias se suman a actuaciones anteriores relacionadas con propiedades vinculadas al exdirector del Centro de Gobierno.

En mayo se desarrolló una audiencia ante un Juzgado de Extinción de Dominio para determinar la situación de varios inmuebles relacionados con Martínez.

El procedimiento surgió de una solicitud presentada por el Ministerio Público dentro de investigaciones cuyos detalles también permanecieron bajo reserva.

La Fiscalía había realizado requerimientos judiciales relacionados con ocho propiedades registradas a nombre de familiares y amigos del exfuncionario, debido a dudas sobre la capacidad económica de sus propietarios para adquirirlas.

De esos ocho inmuebles, el juzgado consideró que en seis existían indicios suficientes para ordenar inicialmente su inmovilización.

Las propiedades estaban valoradas en aproximadamente Q10 millones y habían sido adquiridas entre 2020 y 2024, período que coincide con la administración presidencial de Alejandro Giammattei.

Posteriormente, dos propiedades que habían quedado bajo medidas cautelares fueron liberadas de la inmovilización por resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Estados Unidos sancionó a Martínez en 2023

Miguel Martínez encabezó el Centro de Gobierno durante parte de la administración de Giammattei. La dependencia fue creada para coordinar acciones entre instituciones del Ejecutivo y posteriormente fue eliminada.

En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Martínez bajo el régimen Global Magnitsky.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron por presunta participación en esquemas de sobornos relacionados con contratos gubernamentales, entre ellos señalamientos vinculados con la adquisición de vacunas Sputnik V contra el covid-19.

Las sanciones estadounidenses constituyen señalamientos y medidas adoptadas por ese país y no equivalen, por sí mismas, a una condena penal en Guatemala.