La Constitución no es el proyecto de una minoría – Editorial

La Constitución Política de la República constituye el pacto fundamental sobre el cual descansa el Estado guatemalteco. En ella se establecen las reglas que rigen la convivencia nacional, los límites del poder y las garantías de los derechos de todos los ciudadanos. Precisamente por ello, cualquier intento de reformarla debe sustentarse en un amplio consenso social y en una legitimidad democrática incuestionable. Resulta preocupante que una iniciativa de esta naturaleza pretenda impulsarse desde un grupo reducido de organizaciones y activistas que buscan arrogarse la representación de millones de guatemaltecos sin haber recibido un mandato democrático para hacerlo.

En una democracia constitucional, ninguna minoría organizada, por activa o visible que sea, puede asumir el papel de constituyente permanente de la República. Existe una diferencia fundamental entre ejercer el legítimo derecho a promover una causa y pretender hablar en nombre de toda la nación. La Constitución no pertenece a un movimiento político, a una organización de la sociedad civil ni a un grupo de presión. Pertenece a todos los guatemaltecos, por lo que cualquier propuesta para modificarla debe demostrar una representatividad que vaya mucho más allá de la capacidad de movilizar voluntarios o recolectar firmas.

Al mismo tiempo, la ciudadanía tiene derecho a conocer con absoluta transparencia quiénes impulsan realmente esta iniciativa. Es legítimo preguntar qué organizaciones participan en

la estrategia, quién financia la logística, la publicidad y la movilización de la campaña, y cuáles son los intereses políticos, ideológicos o institucionales que motivan el proyecto. Cuando se busca redefinir las reglas del Estado, la transparencia deja de ser un acto de buena voluntad para convertirse en una obligación democrática. Quienes promueven cambios constitucionales deben estar dispuestos a rendir cuentas con el mismo nivel de exigencia que reclaman para las instituciones públicas.

También sería pertinente que las autoridades competentes realizaran una verificación rigurosa del proceso de recolección de firmas, garantizando su autenticidad y el cumplimiento de los requisitos legales. De igual forma, valdría la pena transparentar si existe una participación significativa de estructuras partidarias u organizaciones con intereses políticos claramente definidos. Un análisis técnico que permita cotejar, dentro del marco de la ley, la información disponible sobre los apoyos recabados podría aportar certeza sobre el verdadero alcance ciudadano de la iniciativa y ayudar a determinar si detrás de las firmas existe una estrategia de proyección política, ideológica o de posicionamiento de una agenda específica.

Las constituciones existen precisamente para impedir que las reglas fundamentales del Estado cambien al ritmo de las coyunturas políticas o de las prioridades de grupos organizados. Su estabilidad protege a las mayorías y a las minorías por igual, preservando la certeza jurídica y el Estado de derecho. Por ello, quienes hoy aspiran a modificar el pacto constitucional tienen la responsabilidad de demostrar no solo la legalidad de su propuesta, sino también su legitimidad, representatividad y absoluta transparencia. Cuando lo que está en juego son las reglas de todos, el peso de la prueba siempre corresponde a quienes pretenden cambiarlas.