Washington pone la lupa sobre la elección del Contralor | Editorial

La elección del Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 definirá en muchos sentidos la arquitectura político-institucional del país. La Contraloría es una de las instituciones que puede poner límites al uso discrecional de los recursos públicos, detectar irregularidades y establecer responsabilidades. En un país donde las redes de corrupción, el financiamiento ilícito y la influencia del narcotráfico representan riesgos institucionales, su independencia resulta fundamental.

De esta manera, el mensaje de Estados Unidos no debería ser interpretado como una simple declaración diplomática. El 29 de septiembre, la Embajada estadounidense afirmó que Washington respalda el fortalecimiento de instituciones libres de la influencia de redes de narcotráfico y del financiamiento ilícito, y señaló que el encargado de negocios, Jorgan Andrews, se encontraba reuniéndose con organizaciones vinculadas al proceso para respaldar una selección del Contralor transparente y basada en méritos.

El momento del pronunciamiento tampoco puede ignorarse. Ese mismo día había intentos dentro del Congreso para adelantar la elección y medios de comunicación reportaron negociaciones entre distintas bancadas para impulsar a diferentes aspirantes. Expertos señalaron que la postura de la Embajada y la exposición pública de las negociaciones habrían contribuido a romper los acuerdos que buscaban adelantar la elección.

Hasta ahora no existe una declaración pública de la Embajada de Estados Unidos en contra de aspirantes específicos durante el proceso. Sin embargo, existen fuertes señalamientos sobre el ofrecimiento de Q50 millones a cada uno de los primeros 120 diputados que votaran por determinados candidatos. Esos señalamientos pueden formar parte de las versiones y negociaciones denunciadas alrededor del proceso, así como la existencia de negociaciones políticas alrededor de la elección y el pronunciamiento explícito de Washington contra la influencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito.

Mientras el Congreso necesita 81 votos para elegir al próximo Contralor, tres de los seis candidatos llegaron a la nómina con señalamientos que no lograron desvanecer completamente ante la Postuladora. Si bien esto no equivale a una condena ni determina responsabilidad penal, sí constituye un elemento que el Congreso debe considerar antes de depositar en una persona la responsabilidad de dirigir el máximo órgano fiscalizador del Estado.

La Contraloría no puede convertirse en el premio de una negociación legislativa. Si los diputados intercambian votos por cuotas, posiciones, contratos, obras o cualquier otro beneficio político, la institución que debería fiscalizar el uso del dinero público terminaría dependiendo precisamente de quienes administran ese dinero.

Por esto, la advertencia de Washington adquiere aún más relevancia. La lucha contra las redes del narcotráfico, el financiamiento ilícito y la corrupción no se limita a perseguir cargamentos de droga o capturar operadores criminales. También implica impedir que esas redes penetren las instituciones encargadas de administrar, fiscalizar y controlar los recursos del Estado. La declaración estadounidense no identifica públicamente a un candidato como vetado, pero sí establece con claridad el estándar que Washington dice respaldar: una Contraloría libre de esas influencias y una elección transparente y basada en méritos.

El Congreso tiene ahora una salida institucional muy clara. Debe elegir entre los seis candidatos, pero hacerlo tomando en cuenta los resultados del proceso de postulación, los méritos profesionales, los señalamientos documentados y la necesidad de independencia. No se trata simplemente de escoger al candidato que pueda reunir 81 votos, sino de evitar que 81 votos se conviertan en el precio de entrada para controlar una institución que debe fiscalizar al propio poder político.

La elección del Contralor será, en consecuencia, una prueba sobre la capacidad del Congreso para resistir las redes y los acuerdos que colocan intereses particulares por encima de las instituciones. Así como ya existen una nómina y los puntajes, también existen los expedientes y señalamientos.

Frente a esto, la responsabilidad es de los diputados. Si realmente quieren demostrar que la Contraloría no será capturada por redes políticas, económicas o criminales, deben demostrarlo con su voto. La elección debería premiar los méritos, la independencia, la solvencia, el expediente y la institucionalidad. De no hacerlo, la postura de Washington pasará a convertirse en acciones concretas que significarán consecuencias contundentes para quienes, con un voto en el Congreso, se conviertan en cómplices del narcotráfico y el crimen organizado.

Una Contraloría capturada no es simplemente otra institución debilitada. Es la puerta para que quienes manejan el dinero público puedan terminar controlando también a quienes deben vigilarlos. Esa es precisamente la clase de captura institucional que Guatemala no puede permitirse rumbo a 2027.