Tanques de pensamiento ponen en jaque el presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 comienza a enfrentar una resistencia que trasciende las diferencias partidarias y coloca al Gobierno de Bernardo Arévalo ante un cuestionamiento cada vez más difícil de ignorar. Siete centros de pensamiento, con distintas perspectivas económicas e ideológicas, encendieron las alertas sobre una propuesta de Q192,045 millones, cuyo crecimiento del 13.8% respecto al presupuesto vigente de 2026 plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. ASIES, CIEN, ICEFI, FLACSO, FUNDESA, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo coincidieron en cuestionar la expansión del gasto, el endeudamiento y las prioridades de inversión. A estas advertencias se suma ahora una señal institucional particularmente importante: en la votación de la Junta Monetaria sobre las operaciones de financiamiento y endeudamiento previstas para el presupuesto, cinco representantes votaron a favor y tres en contra. Los votos disidentes correspondieron a los representantes del sistema bancario, el CACIF y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El resultado merece especial atención por quiénes representan esos tres votos en contra. No se trata únicamente de una diferencia entre sectores empresariales y el Ejecutivo. El sistema financiero, el sector productivo y la principal universidad pública del país coinciden en expresar reservas frente al endeudamiento propuesto. La posición de la USAC adquiere particular relevancia porque incorpora una voz académica e institucional que difícilmente puede descartarse como una oposición empresarial o partidaria. Cuando la academia, los bancos y el sector productivo expresan preocupación por la sostenibilidad del financiamiento público, el Congreso tiene la obligación de escuchar. La coincidencia de estos sectores con las advertencias de los siete centros de pensamiento configura un cuestionamiento técnico y transversal que el Legislativo no puede obviar.

Las cifras explican buena parte de la preocupación. El proyecto contempla un déficit fiscal equivalente al 4.4% del PIB y Q42,750 millones en bonos del Tesoro. De acuerdo con los cuestionamientos presentados por los centros de estudio y el sector empresarial, una proporción considerable de ese endeudamiento terminaría financiando gastos de funcionamiento, comprometiendo recursos futuros sin garantizar mayor inversión ni mejores servicios públicos. El problema no es que Guatemala necesite gastar más en infraestructura, salud, educación o seguridad, sino que el crecimiento del presupuesto no viene acompañado de garantías suficientes de eficiencia, capacidad de ejecución y resultados. Endeudarse para sostener una burocracia creciente mientras persisten las deficiencias estructurales del Estado no constituye una política de desarrollo, sino una transferencia de obligaciones a los contribuyentes del futuro.

Las advertencias tampoco se limitan al tamaño de la deuda. El 28 de octubre, durante una audiencia ante la Comisión de Finanzas del Congreso, ASIES cuestionó que más del 38% de la propuesta corresponda a obligaciones del Estado y señaló la ausencia de mecanismos efectivos para evaluar los resultados del gasto. Por su parte, ICEFI presentó diez recomendaciones, entre ellas no aprobar nuevos aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), revisar el destino de la deuda, verificar las asignaciones a 117 organizaciones no gubernamentales que recibirían Q2,437.4 millones y exigir respaldo técnico para los proyectos de infraestructura. La preocupación es particularmente relevante cuando los CODEDES mantienen dificultades de ejecución y se aproximan las elecciones generales de 2027. La asignación de miles de millones de quetzales sin controles y resultados verificables representa un riesgo para la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos.

El cuestionamiento también llegó desde el sector empresarial. El CACIF pidió expresamente al Congreso no aprobar el presupuesto en los términos presentados y advirtió sobre el crecimiento del gasto, el endeudamiento y posibles problemas de legalidad en algunas disposiciones. Su análisis señala que el presupuesto aumentaría 13.8%, mientras los ingresos tributarios crecerían 9.9% y el PIB nominal alrededor de 7.2%. La diferencia evidencia una expansión del gasto que no parece guardar proporción con la capacidad de generación de ingresos del país. Ahora, el voto en contra de su representante en la Junta Monetaria refuerza esa posición y coincide con las reservas expresadas por el sistema bancario y la USAC. No se trata de defender un Estado incapaz de atender las necesidades ciudadanas, sino de exigir que cada quetzal tenga una justificación, un destino transparente y un resultado medible.

El Gobierno no puede esconderse detrás de la necesidad de inversión pública para justificar cualquier incremento presupuestario. Guatemala necesita carreteras, hospitales, escuelas, seguridad y mejores oportunidades económicas, pero también necesita instituciones capaces de administrar los recursos con transparencia y responsabilidad. Cuando siete centros de pensamiento de distintas corrientes coinciden en advertir sobre los riesgos fiscales, cuando ICEFI presenta recomendaciones concretas y cuando los representantes del sistema financiero, el sector productivo y la academia votan en contra de las operaciones de endeudamiento, el Congreso tiene motivos más que suficientes para replantear el proyecto. La coincidencia de estos sectores debería ser una señal de alerta imposible de ignorar. El presupuesto no debe convertirse en una plataforma de expansión burocrática ni en una bolsa de recursos de dudosa efectividad en vísperas electorales. La responsabilidad fiscal no es una postura ideológica: es una obligación frente a los ciudadanos. El Gobierno de Arévalo todavía tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero aprobar este presupuesto sin atender las advertencias sería una decisión política cuyas consecuencias terminarán pagando los guatemaltecos.