Washington cierra el cerco sobre la narcopolítica, China y la opacidad de Arévalo – Editorial

La segunda visita de Ana Quintana-Lovett a Guatemala en menos de tres meses no puede reducirse a una reunión protocolaria. El 3 de septiembre se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y el fiscal general, Gabriel García Luna. Después de esos encuentros, la Embajada de Estados Unidos proclamó una política de “cero tolerancia” frente a la influencia del narcotráfico y de actores extranjeros perjudiciales en los procesos electorales, además de advertir sobre nuevas revocaciones de visas. De esta forma, se evidencia que se esperan resultados contra las redes criminales, protección del proceso electoral y claridad sobre la intervención de intereses extranjeros.

La narcopolítica no es una amenaza imaginaria, en el pasado inmediato del país surgen varios casos con este tipo de relacionamiento. Mario Estrada fue condenado a 15 años de prisión después de buscar financiamiento que creía proveniente del Cartel de Sinaloa para su campaña presidencial. El exdiputado José Armando Ubico recibió una condena de 18 años y admitió haber facilitado el tránsito de al menos 450 kilogramos de cocaína. Estas investigaciones se construyeron mediante fuentes confidenciales y la coordinación de la DEA, el FBI, Seguridad Nacional y oficinas estadounidenses en Guatemala y Costa Rica. Ese antecedente demuestra que Washington cruza información local e internacional y que los políticos no están fuera de su alcance. No existe una lista pública de los actuales investigados, pero sería ingenuo interpretar la advertencia de Quintana como una declaración vacía cuando las elecciones de 2027 se aproximan y persisten dudas sobre el financiamiento de partidos y candidatos.

China por su lado surge en el contexto evidente de la referencia a los “actores extranjeros malignos”. Estados Unidos ya estableció restricciones de visas para centroamericanos que operen en nombre del Partido Comunista Chino y, en abril de 2026, sancionó migratoriamente a 26 personas del hemisferio por facilitar intereses de potencias adversarias. La Estrategia de Seguridad Nacional ordena además a la comunidad de inteligencia identificar recursos y puntos estratégicos, vigilar grandes contratos gubernamentales y condicionar alianzas y ayuda a la reducción de influencia extranjera sobre puertos, telecomunicaciones e infraestructura. Antes de ocupar su cargo, Quintana escribió contra la participación de Huawei en las redes 5G latinoamericanas y advirtió sobre las presiones de Beijing para debilitar la relación entre Guatemala y Taiwán.

La falta de transparencia convierte al Gobierno de Bernardo Arévalo en parte del problema. La banda de 700 MHz fue adjudicada en 2023 por Q1,600 millones, con derechos por veinte años, en un proceso donde solamente participaron Tigo y Claro, en donde prácticamente no existió competencia. La actual SIT reconoce que no localiza los estudios técnicos y económicos que justificaron el precio base. Arévalo heredó ese expediente, pero ahora le corresponde investigarlo, decidir oportunamente y publicar sus fundamentos. A ello se suma la controversia por los cambios en Guatecompras, cuyo buscador pasó de consultar más de nueve millones de registros a un universo reducido, dificultando inicialmente el rastreo de empresas, representantes y posibles vínculos. Un gobierno que llegó al poder ofreciendo transparencia no puede responder con silencio, comunicados generales y decisiones conocidas cuando los plazos están por vencer.

La exigencia estadounidense no fue presentada públicamente como un ultimátum, pero sus instrumentos son reales. En agosto de 2026, el Departamento de Estado informó que había revocado 93 visas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados vinculados con carteles designados. Guatemala necesita actuar antes de que las consecuencias externas sustituyan nuevamente la justicia nacional. Urge fiscalizar el financiamiento electoral, investigar sin selectividad a políticos vinculados con estructuras criminales, auditar los contratos estratégicos, publicar los criterios de las decisiones sobre telecomunicaciones y proteger al Tribunal Supremo Electoral de cualquier captura. Arévalo ya no puede limitarse al discurso anticorrupción. Si su gobierno no llena ese vacío con información, firmeza y resultados, serán Washington, el narcotráfico y los intereses extranjeros quienes terminen imponiendo las condiciones.