El mito de la “nueva política”, la trampa de la precampaña

Guatemala aún no entra oficialmente al proceso electoral de 2027, pero la competencia ya se libra abiertamente en calles, redes sociales y actos públicos. Aspirantes a cargos de elección popular aprovechan inauguraciones, eventos partidarios y campañas personales de posicionamiento para adelantarse en la carrera. El problema no es que la ciudadanía conozca a quienes aspiran a gobernar, sino que se utilicen vacíos legales, interpretaciones acomodaticias o francas violaciones a la ley para obtener ventajas indebidas. Cuando unos respetan las reglas y otros construyen candidaturas al margen de ellas, la democracia pierde equidad.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece límites claros y otorga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la función de vigilancia y fiscalización. El artículo 94 Bis regula la promoción de aspirantes, el artículo 223 define las prohibiciones en el proceso y el artículo 196 delimita el marco temporal de la campaña. Estas normas se diseñaron para evitar que el dinero, la sobreexposición y el uso ventajoso de recursos sustituyan a la verdadera contienda democrática. Así, la fiscalización exige criterios técnicos, investigaciones de oficio y sanciones oportunas que se apliquen sin favoritismos. Si un político acumula meses de exposición con el pretexto de que “nunca pidió explícitamente el voto”, mientras los demás se sujetan a la ley, la autoridad electoral termina premiando al tramposo. La credibilidad del árbitro se destruye en esa omisión.

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Resulta igualmente alarmante ver cómo estas dinámicas son replicadas por quienes dicen encarnar la “nueva política”. Proclamarse independiente o “diferente” no otorga una superioridad moral automática. No se puede denunciar a la vieja política mientras se imitan sus mañas, la promoción anticipada, el uso de plataformas públicas como tarimas electorales y las campañas informales diseñadas para eludir fiscalizaciones. La renovación no se demuestra con eslóganes o fotografías pulidas para Instagram; se demuestra acatando la ley, transparentando el financiamiento y compitiendo en igualdad de condiciones.

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La precampaña descontrolada no es una falta menor ni un simple exceso de comunicación, significa más bien distorsiona la equidad, normaliza la ilegalidad y erosiona la confianza ciudadana antes de que se abra la primera urna. La responsabilidad es ineludible a los partidos, los medios y la ciudadanía.

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