PNC aparta a siete policías mientras se esclarece la presunta colocación de un arma en el caso Solórzano Foppa

Siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), incluido el jefe de la comisaría 13, fueron separados de sus labores ordinarias mientras avanzan las investigaciones sobre la presunta implantación de un arma de fuego durante las diligencias relacionadas con el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

La información fue confirmada este miércoles por el subinspector Edwin Jacinto, luego de participar en una citación en el Congreso de la República, donde se abordaron los hechos de violencia que cobraron la vida de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), y de Gustavo Aguilar Gamarro, exjudoca.

Jacinto explicó que la medida busca evitar que la permanencia de los agentes en sus funciones habituales pueda interpretarse como una interferencia en el proceso de investigación. Los policías fueron trasladados a labores en el Distrito Central mientras la Inspectoría General, Investigación Criminal y el Ministerio Público desarrollan las diligencias correspondientes.

El funcionario policial subrayó que debe respetarse la presunción de inocencia y que será la investigación la que permita establecer qué ocurrió y si existieron responsabilidades.

Investigación bajo la lupa

El caso adquirió relevancia luego de la detención de dos hermanos, repartidores de comida, señalados inicialmente por su presunta participación en el asesinato de Solórzano Foppa. Según la información proporcionada, ambos fueron detenidos el sábado y se habría reportado que tenían un arma de fuego en su poder, a varios kilómetros de la escena del crimen.

La posible implantación del arma es uno de los aspectos que deberán esclarecer las autoridades. Hasta que concluyan las investigaciones, no corresponde dar por comprobada esa hipótesis ni atribuir responsabilidad a los agentes separados.

La actuación policial durante las primeras diligencias y la forma en que se recabaron los indicios se mantienen bajo escrutinio, debido a las implicaciones que estos procedimientos pueden tener en el desarrollo de una investigación penal y en los derechos de las personas señaladas.

PNC anuncia cámaras corporales para sus agentes

En medio de los cuestionamientos, la PNC informó que agilizará la adquisición de cámaras corporales para sus agentes, así como de sistemas de videovigilancia para las patrullas.

En un comunicado, la institución señaló que la tecnología de grabación busca contribuir a la transparencia de los procedimientos policiales, prevenir posibles abusos y proteger tanto a la ciudadanía como a los propios agentes frente a eventuales acusaciones.

El director de las fuerzas de seguridad, David Custodio Boteo, indicó que se buscarán los recursos financieros necesarios para adquirir estos dispositivos para los más de 40 mil agentes que integran la institución.

La implementación de cámaras corporales permitiría contar con registros audiovisuales de determinadas intervenciones policiales, siempre que existan protocolos adecuados para su uso, resguardo y consulta. Sin embargo, la PNC no detalló en la información proporcionada un calendario de adquisición ni una fecha concreta para el inicio de su implementación.

Transparencia y rendición de cuentas

La separación temporal de los siete agentes y el anuncio de nuevas herramientas tecnológicas se producen en un contexto de cuestionamientos sobre los procedimientos policiales relacionados con el caso.

El esclarecimiento de la presunta implantación del arma será determinante para establecer si hubo irregularidades y, de ser así, identificar a los responsables. Mientras tanto, las diligencias deberán desarrollarse con apego al debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.

La investigación también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con mecanismos de supervisión y documentación de las actuaciones policiales, especialmente en casos de alto impacto que pueden influir en el rumbo de un proceso judicial.