Subsidios, improvisación y nuevos protagonistas de viejas prácticas

Desde que terminó el subsidio anterior, el 2 de julio, se registraron al menos seis incrementos consecutivos. En menos de tres semanas, el diésel pasó de aproximadamente Q35.29 a más de Q42 por galón y alcanzó Q43.29 en algunas estaciones. La gasolina regular aumentó de Q36.09 a más de Q40, mientras la superior superó los Q41. El encarecimiento golpea al transporte, la producción, el comercio y el costo de vida, pero el gobierno de Bernardo Arévalo reaccionó únicamente cuando aumentaron las protestas y la presión social.

El primer subsidio fue aprobado mediante el Decreto 11-2026 y destinó Q2 mil millones para reducir Q8 por galón de diésel y Q5 por cada galón de gasolina regular y superior. La alteración del orden del día obtuvo 123 votos, la urgencia nacional recibió 120 y la redacción final fue respaldada por 115 diputados. Antes de terminar el programa se habían utilizado aproximadamente Q1 mil 580.2 millones y, en una sola semana, se desembolsaron Q215 millones. El dinero se agotó sin que el Ejecutivo presentara una estrategia para enfrentar el escenario posterior.

Arévalo propone ahora otro subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, excluyendo a la superior. El programa costaría Q3 mil 480 millones, permanecería vigente hasta finales de 2026 y sería financiado mediante readecuaciones en los ministerios de Desarrollo Social, Agricultura, Defensa, Gobernación y Finanzas. Aunque el presidente lo califica como simple, responsable y rápido, no ha explicado qué programas perderán recursos, cómo se calcularon los montos ni qué controles evitarán que parte del beneficio quede en manos de importadores y distribuidores.

El cancelado partido Semilla prometió una forma distinta de gobernar, pero su administración reproduce las prácticas que condenó. El Gobierno conocía la fecha de vencimiento del subsidio, sabía que Guatemala depende de las importaciones y tenía acceso a las tendencias internacionales. Aun así, permitió que el beneficio terminara sin una alternativa preparada. Después presentó la crisis como un fenómeno exclusivamente externo, intentando ocultar que la falta de previsión también es responsabilidad de su gestión.

El Congreso tampoco puede presentarse como salvador de los consumidores. En abril, los diputados aprobaron el subsidio en pocas horas, alteraron el orden del día y recurrieron a la urgencia nacional sin discutir suficientemente sus controles y sostenibilidad. Entre los firmantes estuvieron Luis Aguirre, Adim Maldonado, Elmer Palencia, Nadia de León Torres, Samuel Pérez, Allan Rodríguez, Inés Castillo, Felipe Alejos, Carolina Cifuentes y Jorge Castro. Ahora las bancadas se dividen entre ampliar el subsidio, focalizarlo en el diésel o suspender temporalmente impuestos. Incluso Luis Aguirre asegura tener pruebas de un supuesto robo en la ejecución anterior, una acusación que debe investigarse y no asumirse como un hecho comprobado.

Una asignación de Q3 mil 480 millones, cuando comienza a intensificarse la competencia electoral, también obliga a vigilar posibles negociaciones opacas, clientelismo o compra de voluntades en el Congreso. No existen pruebas públicas suficientes para afirmar que ya ocurrió, pero cada reunión, readecuación presupuestaria y compromiso político debe transparentarse. Si el Gobierno intercambia recursos, obras, cuotas o concesiones para asegurar los votos, habrá demostrado que su diferencia con la vieja política era únicamente discursiva. Sin datos, planificación y fiscalización, el nuevo subsidio podría convertirse en otra herramienta de propaganda y negociación parlamentaria, confirmando que el cancelado partido Semilla no transformó las prácticas del poder, sino que aprendió a utilizarlas.