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Una sentencia territorial de la Corte Internacional de Justicia no termina cuando los jueces abandonan la sala del Palacio de la Paz en La Haya. En muchos sentidos, allí comienza una nueva etapa. La decisión deberá convertirse en una realidad física, jurídica, administrativa, económica y social sobre el terreno. Dependiendo del contenido del fallo, será necesario materializar fronteras terrestres, coordenadas marítimas y eventualmente límites relacionados con territorios insulares. Guatemala y Belice deberán establecer los mecanismos técnicos necesarios para verificar y demarcar los límites definidos por la Corte. Ello requerirá especialistas en cartografía, geodesia, hidrografía, Derecho Internacional, límites territoriales y administración pública. Pero esa será apenas la primera dimensión. Una frontera definitivamente establecida generará consecuencias en materia de seguridad. La actual zona de adyacencia deberá evolucionar hacia una frontera internacional plenamente determinada. Las responsabilidades de las fuerzas de seguridad y defensa deberán adaptarse a esa nueva realidad. El narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado transnacional y la protección de los recursos naturales continuarán planteando desafíos independientemente de la existencia de una línea jurídicamente definida. También existirán consecuencias económicas. Una delimitación marítima definitiva podría generar nuevas oportunidades relacionadas con pesca, comercio, turismo, recursos naturales y conectividad regional. Guatemala deberá comenzar a visualizar su relación con Belice no solamente desde la lógica histórica del diferendo, sino como la relación con un vecino con quien finalmente existirá certeza fronteriza plena. Esa nueva realidad podría convertirse además en una oportunidad para fortalecer nuestra vinculación económica con Belice y nuestra proyección hacia el Caribe. La dimensión social será igualmente importante. Las comunidades situadas en las áreas fronterizas mantienen relaciones culturales, familiares y económicas que preceden a la existencia de los Estados modernos. Educación, salud, infraestructura, empleo, protección ambiental y desarrollo rural deberán formar parte de cualquier estrategia posterior a la sentencia. Y surgirán cuestiones jurídicas y administrativas. Dependiendo del contenido del fallo podrían plantearse asuntos relacionados con propiedad, ciudadanía, registros públicos, jurisdicción administrativa y acceso a la justicia. Por ello, la ejecución de la sentencia no puede quedar únicamente en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Será necesaria una verdadera arquitectura interinstitucional del Estado. Cancillería deberá conducir la relación bilateral y diplomática; Defensa y Gobernación atenderán las dimensiones territorial y de seguridad; las instituciones económicas deberán evaluar oportunidades de inversión, comercio y desarrollo; Comunicaciones tendrá que proyectar infraestructura; Ambiente deberá atender recursos naturales y ecosistemas compartidos; Finanzas deberá prever los recursos necesarios; y el Congreso tendrá responsabilidades cuando sean requeridas reformas legales o asignaciones presupuestarias. En el centro de este proceso, Guatemala deberá estar preparada para conformar con Belice una comisión o mecanismo técnico de verificación y materialización de límites, capaz de convertir la decisión judicial en una frontera reconocible, jurídicamente cierta y funcional sobre el terreno. Nada de esto puede comenzar a improvisarse después de conocer la sentencia. Precisamente allí se encuentra la reflexión que debería formar parte desde ahora del proceso electoral de 2027. La defensa de los intereses de Guatemala ante la CIJ trasciende partidos, gobiernos y posiciones ideológicas. Pero quienes aspiren a gobernar entre 2028 y 2032 sí deberían comprender la magnitud de la responsabilidad que podrían recibir. Durante la campaña electoral sería importante conocer cómo visualizan la coordinación interinstitucional para implementar el fallo; cómo prepararán la verificación y materialización de los límites; qué previsiones presupuestarias consideran necesarias; cómo protegerán y desarrollarán las comunidades fronterizas; qué política de seguridad aplicarán; cómo aprovecharán las nuevas oportunidades económicas que pudieran surgir; y, especialmente, cómo construirán con Belice una relación bilateral posterior al diferendo basada en cooperación, desarrollo fronterizo y paz permanente. Guatemala hizo en 2018 una apuesta histórica por la solución del caso. Más del 95 por ciento de los ciudadanos que participaron en aquella consulta respaldaron la decisión de acudir a la justicia internacional. Ese mandato ciudadano no terminará con la lectura de la sentencia. La responsabilidad histórica del gobierno 2028-2032 será estar preparado para administrar con madurez, capacidad técnica y visión de Estado la realidad que produzca la sentencia. El proceso electoral de 2027 ofrece la oportunidad de comenzar esa conversación antes de que la decisión llegue. Después de más de dos siglos de controversia, Guatemala debe prepararse no solamente para conocer dónde estarán definitivamente sus fronteras. Debe prepararse para lo que viene después, no será deseable improvisar. SENTENCIA CIJ GUA-BZE Una sentencia territorial de la Corte Internacional de Justicia no termina cuando los jueces abandonan la sala del Palacio de la Paz en La Haya. En muchos sentidos, allí comienza una nueva etapa. La decisión deberá convertirse en una realidad física, jurídica, administrativa, económica y social sobre el terreno. Dependiendo del contenido del fallo, será necesario materializar fronteras terrestres, coordenadas marítimas y eventualmente límites relacionados con territorios insulares. Guatemala y Belice deberán establecer los mecanismos técnicos necesarios para verificar y demarcar los límites definidos por la Corte. Ello requerirá especialistas en cartografía, geodesia, hidrografía, Derecho Internacional, límites territoriales y administración pública. Pero esa será apenas la primera dimensión. Una frontera definitivamente establecida generará consecuencias en materia de seguridad. La actual zona de adyacencia deberá evolucionar hacia una frontera internacional plenamente determinada. Las responsabilidades de las fuerzas de seguridad y defensa deberán adaptarse a esa nueva realidad. El narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado transnacional y la protección de los recursos naturales continuarán planteando desafíos independientemente de la existencia de una línea jurídicamente definida. También existirán consecuencias económicas. Una delimitación marítima definitiva podría generar nuevas oportunidades relacionadas con pesca, comercio, turismo, recursos naturales y conectividad regional. Guatemala deberá comenzar a visualizar su relación con Belice no solamente desde la lógica histórica del diferendo, sino como la relación con un vecino con quien finalmente existirá certeza fronteriza plena. Esa nueva realidad podría convertirse además en una oportunidad para fortalecer nuestra vinculación económica con Belice y nuestra proyección hacia el Caribe. La dimensión social será igualmente importante. Las comunidades situadas en las áreas fronterizas mantienen relaciones culturales, familiares y económicas que preceden a la existencia de los Estados modernos. Educación, salud, infraestructura, empleo, protección ambiental y desarrollo rural deberán formar parte de cualquier estrategia posterior a la sentencia. Y surgirán cuestiones jurídicas y administrativas. Dependiendo del contenido del fallo podrían plantearse asuntos relacionados con propiedad, ciudadanía, registros públicos, jurisdicción administrativa y acceso a la justicia. Por ello, la ejecución de la sentencia no puede quedar únicamente en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Será necesaria una verdadera arquitectura interinstitucional del Estado. 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