Política en Guatemala
Caso Huité: militares relevados siguen en el Ministerio de la Defensa y surgen dudas sobre la investigación
Caso Huité: dos militares relevados siguen en Defensa. Diputados cuestionan al Mindef por decisiones y órdenes sin aclarar.
Los cambios ordenados por el Gobierno de Bernardo Arévalo tras la muerte de ocho personas en Huité, Zacapa, no implicaron la salida del Ejército de los dos altos mandos señalados en la reorganización.
Ambos permanecen vinculados al Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), pese a que el Ejecutivo justificó sus relevos como una medida para facilitar las investigaciones del Ministerio Público (MP).
La situación quedó expuesta durante una citación de la bancada VOS en el Congreso, donde el viceministro de la Defensa, Jorge Lemus, confirmó que uno de los oficiales permanece en disponibilidad y el otro desempeña funciones de asesoría.
Las explicaciones del funcionario generaron nuevos cuestionamientos sobre el alcance de las decisiones adoptadas por el Gobierno y los mecanismos establecidos para evitar posibles interferencias en las diligencias.
A esto se suma que el Ministerio de la Defensa no precisó quién autorizó la movilización de militares hacia Huité, cuántos efectivos participaron ni qué información recibieron sus superiores sobre los acontecimientos del 27 de septiembre.
Dos militares relevados continúan dentro del Ejército
Los oficiales involucrados en los cambios anunciados por el Ejecutivo son José Geovani Martínez Milián, quien ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y el coronel de Infantería Erwin Constanza Hidalgo, entonces comandante de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Zacapa.
Ambos fueron relevados de sus cargos el 8 de octubre, once días después de los hechos que dejaron ocho fallecidos en Huité.
El presidente Bernardo Arévalo explicó entonces que la decisión buscaba garantizar que el Ministerio Público pudiera desarrollar sus investigaciones sin obstáculos y tener acceso al personal militar necesario.
Sin embargo, durante la fiscalización legislativa se confirmó que los oficiales continúan formando parte de la estructura castrense.
Un oficial puede recibir nuevas misiones y otro ejerce asesoría
Según el viceministro Lemus, Constanza Hidalgo permanece en situación de disponibilidad dentro del Ejército.
Esta condición significa que ya no dirige la brigada de Zacapa, pero puede recibir misiones, participar en actividades militares o ser designado para otro puesto.
El funcionario no precisó dónde se encuentra actualmente el coronel ni cuáles son sus responsabilidades específicas.
En el caso de Martínez Milián, el viceministro explicó que pasó a cumplir funciones de asesoría y que incluso puede asesorar al nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La explicación provocó cuestionamientos entre los diputados, quienes preguntaron cómo se garantiza la independencia de las investigaciones si uno de los militares relevados mantiene la posibilidad de asesorar a la nueva jefatura.
Lemus respondió que el oficial ya no tiene funciones de mando.
No obstante, la ausencia de autoridad directa no aclara por sí sola qué restricciones o controles administrativos se establecieron para impedir una eventual interferencia en las investigaciones.
Gobierno de Arévalo bajo cuestionamientos por el alcance de los relevos
La decisión presidencial fue presentada como una medida para facilitar el trabajo del Ministerio Público.
Durante el anuncio del 8 de octubre, Arévalo explicó que el relevo de los mandos permitiría concentrar al personal necesario para que los investigadores tuvieran acceso directo a los militares relacionados con los acontecimientos.
Sin embargo, las declaraciones posteriores del viceministro dejaron interrogantes sobre la aplicación práctica de esa medida.
Los legisladores cuestionaron por qué se decidió apartar a los oficiales de sus puestos si el Ministerio de la Defensa no había explicado qué falló dentro de la cadena de mando.
¿Qué motivó los cambios en el alto mando militar?
Uno de los diputados preguntó al viceministro por qué se relevó a un jefe militar sin identificar públicamente las decisiones o actuaciones que motivaron la medida.
La respuesta de Defensa se concentró en señalar que los cambios buscaban evitar interferencias en las investigaciones.
Durante la citación tampoco se estableció si alguno de los oficiales recibió o emitió órdenes ilegales relacionadas con los hechos de Huité.
Por ello, continúa sin una explicación pública concreta qué responsabilidades administrativas fueron evaluadas antes de ordenar los relevos.
Esta falta de precisión no demuestra participación de los oficiales en un delito, pero sí deja preguntas pendientes sobre los criterios utilizados por el Gobierno para reorganizar los mandos militares.
Mindef no aclara quién ordenó movilizar tropas hacia Huité
Otro de los puntos centrales de la citación fue la presencia de personal del Ejército en el municipio de Huité durante los acontecimientos del 27 de septiembre.
El viceministro Jorge Lemus reconoció que militares se movilizaron hacia el área sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según explicó, el desplazamiento ocurrió después de que circulara en redes sociales información sobre la posible presencia de grupos armados en el municipio.
Sin embargo, no identificó al funcionario o mando que autorizó la movilización.
Persisten preguntas sobre la cadena de mando
Durante la comparecencia, el Ministerio de la Defensa tampoco proporcionó respuestas concretas sobre tres aspectos fundamentales:
- Cuántos militares se desplazaron hacia Huité.
- Quién autorizó la operación.
- Cuándo recibieron los mandos superiores los primeros informes sobre lo ocurrido.
Estas interrogantes resultan relevantes para establecer cómo se tomaron las decisiones dentro de la institución y qué conocimiento tenían los superiores sobre el desarrollo de los acontecimientos.
La ausencia de respuestas durante la citación impidió esclarecer públicamente el procedimiento seguido para movilizar al personal militar.
¿Quién disparó contra las ocho víctimas en Huité?
Los diputados también solicitaron explicaciones sobre la responsabilidad de los disparos que provocaron la muerte de ocho personas.
El viceministro no identificó a los responsables y señaló que corresponde al Ministerio Público establecerlos mediante las investigaciones.
Los legisladores preguntaron, además, si se habían revisado las armas asignadas a los soldados presentes en el área y si existían resultados que permitieran determinar si alguna había sido utilizada.
Lemus explicó que las unidades militares realizan inspecciones de armamento y equipo después de sus operaciones.
Sin embargo, no presentó resultados específicos de una revisión vinculada con los hechos de Huité.
MP recolectó 77 indicios balísticos
De acuerdo con la información proporcionada, el Ministerio Público procesó cuatro escenarios relacionados con los acontecimientos y recolectó 77 indicios balísticos.
Estos elementos forman parte de las diligencias para esclarecer lo sucedido.
Hasta la información disponible, no se ha identificado públicamente a los responsables de los disparos ni se ha establecido una relación concluyente entre las armas militares y las muertes investigadas.
PNC confirma que las ocho víctimas no tenían antecedentes criminales
Durante la citación, el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, informó que no se encontraron antecedentes criminales de las ocho personas fallecidas.
El funcionario aclaró que esa información no permite descartar la existencia de investigaciones previas, pero confirmó que las verificaciones realizadas no mostraban antecedentes penales de las víctimas.
Entre las personas fallecidas se encontraba un menor de edad.
La PNC también confirmó que una persona herida fue trasladada a un centro asistencial.
Defensa descarta participación de la Fuerza Aérea
Otro aspecto abordado por los diputados fueron las versiones de vecinos sobre la presencia de aeronaves que habrían sobrevolado Huité durante los acontecimientos.
Lemus negó la participación de la Fuerza Aérea Guatemalteca y aseguró que esa información había sido corroborada.
Sin embargo, no identificó el origen de las aeronaves mencionadas por los pobladores ni aclaró si correspondían a otra institución.
Por su parte, el director de la PNC indicó que los registros consultados no mostraban salidas de aeronaves del Ministerio de Gobernación relacionadas con el caso.
PDH todavía espera informes del Ministerio de la Defensa
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) también mantiene actuaciones relacionadas con los hechos.
Una representante de la institución explicó que tuvieron conocimiento de lo ocurrido el 27 de septiembre y que al día siguiente abrieron un expediente de oficio.
Como parte de sus diligencias, solicitaron información al Ministerio de la Defensa, a la PNC y a la Gobernación Departamental de Zacapa.
Sin embargo, durante la citación se informó que únicamente habían recibido documentación de la Comisaría 24 de la PNC, relacionada principalmente con la identificación y las edades de las víctimas.
Sin información suficiente para establecer posibles vulneraciones
La PDH explicó que necesita completar la recopilación de informes antes de emitir una resolución sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Los diputados cuestionaron la demora en obtener información institucional sobre un caso que dejó ocho fallecidos.
La falta de documentación también limita, por ahora, la posibilidad de conocer las conclusiones de la Procuraduría sobre las actuaciones de las autoridades.
Caso Huité: las respuestas que siguen pendientes
A más de dos semanas de los acontecimientos del 27 de septiembre, la información expuesta ante el Congreso deja varias preguntas sin resolver.
El Gobierno de Bernardo Arévalo relevó a dos altos mandos militares con el argumento de facilitar las investigaciones, pero ambos continúan dentro de la institución. Uno de ellos incluso conserva funciones de asesoría.
Al mismo tiempo, el Ministerio de la Defensa no precisó quién autorizó la movilización de tropas, cuántos militares participaron ni cuáles fueron los resultados de las revisiones de armamento vinculadas con el caso.
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