Narcoautoritarismo: el narcotráfico quiere secuestrar la democracia y condenar a Guatemala a la sumisión – Editorial

El presidente Bernardo Arévalo ha insistido en la necesidad de oponerse al autoritarismo y defender el multilateralismo como principios fundamentales del orden democrático internacional. Sin embargo, resulta contradictorio hablar de libertad, democracia y cooperación entre naciones mientras Guatemala parece avanzar hacia una realidad mucho más peligrosa: el narcoautoritarismo. Una forma de dominación en la que el poder no se ejerce exclusivamente desde las instituciones del Estado, sino también desde estructuras criminales que, mediante amenazas, intimidación, violencia y corrupción, pretenden imponer su voluntad sobre la sociedad y las instituciones.

El narcoautoritarismo es particularmente peligroso porque no necesita llegar al poder mediante elecciones ni construir legitimidad democrática. Le basta con infiltrarse en las instituciones, comprar voluntades, amenazar a quienes lo cuestionan y convertir el miedo en un mecanismo de control. Cuando el narcotráfico consigue penetrar las estructuras del Estado, la frontera entre el poder público y el crimen organizado comienza a desdibujarse. El resultado es una institucionalidad debilitada, incapaz de garantizar la seguridad, proteger las libertades y hacer prevalecer el Estado de derecho.

Lo más preocupante es que esta lógica de dominación termina arrastrando a los ciudadanos hacia la sumisión. Las amenazas contra actores de la sociedad civil, los asesinatos, la intimidación y la violencia política no pueden interpretarse como acontecimientos aislados. Son señales de un entorno en el que ejercer la libertad, denunciar la corrupción o cuestionar a quienes ostentan poder puede convertirse en un riesgo. Una sociedad que empieza a acostumbrarse al miedo es una sociedad cuya democracia está siendo erosionada.

Frente a esta realidad, el Gobierno de Guatemala no puede refugiarse en discursos sobre desestabilización, conspiraciones o autoritarismos ajenos. Su primera obligación es reconocer la gravedad de la crisis, asumir su responsabilidad política y actuar para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la independencia de las instituciones. No basta con condenar el autoritarismo en escenarios internacionales si en casa no se tiene la capacidad, la voluntad o la determinación de enfrentar las estructuras criminales que amenazan las libertades democráticas.

La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones, participar en foros multilaterales o pronunciar discursos en defensa de la libertad. Consiste, sobre todo, en garantizar que ningún grupo criminal tenga más poder que la ley, que ningún ciudadano tenga que vivir sometido a las amenazas y que ninguna institución pública esté al servicio de intereses ilícitos. Guatemala no puede resignarse a vivir bajo el narcoautoritarismo. Frente al miedo, hace falta libertad; frente a la corrupción, Estado de derecho; y frente al crimen organizado, instituciones democráticas capaces de recuperar el control del país. La sumisión nunca puede ser el precio de nuestra democracia.