Semilla-Raices busca de nuevo poder para censurar y espiar a los guatemaltecos – Editorial

Guatemala enfrenta  el intento de convertir dos preocupaciones legítimas, la seguridad digital y la protección de los derechos políticos de las mujeres, en instrumentos que podrían terminar debilitando libertades fundamentales. Las iniciativas 6347, Ley de Ciberseguridad, y 6698, Ley de Protección Integral sobre Violencia Política contra las Mujeres, deben discutirse con rigor y sin apresuramientos. Combatir los delitos informáticos y erradicar la violencia contra las mujeres son objetivos necesarios; utilizarlos como justificación para ampliar el poder del Estado sin controles suficientes es otra historia. Una democracia no se fortalece restringiendo la libertad de sus ciudadanos.

La iniciativa 6347 plantea un marco institucional de 96 artículos para organizar la prevención y respuesta frente a amenazas cibernéticas. Sin embargo, uno de sus puntos más preocupantes es la rectoría del Ministerio de Gobernación y la participación de instituciones vinculadas a la seguridad y la defensa. El artículo 95, según el texto señalado en el debate público, contempla que la Dirección de Ciberseguridad dependa de Gobernación y tenga carácter de cuerpo de seguridad del Estado. ¿Es razonable entregar facultades sobre un ámbito tan sensible a instituciones que deben estar sujetas a controles estrictos? La información personal, las comunicaciones y la privacidad de los ciudadanos no pueden quedar expuestas a facultades ambiguas ni a mecanismos de vigilancia sin supervisión independiente. Guatemala necesita una agencia civil, técnica y autónoma, con límites legales claros, fiscalización judicial y garantías efectivas para proteger los datos de la población.

La iniciativa 6698 plantea otro riesgo: que una legislación concebida para proteger la participación política de las mujeres termine generando un terreno ambiguo para restringir la crítica y el debate público. Nadie debería tolerar amenazas, acoso, intimidación o violencia contra una mujer por participar en política. Pero tampoco podemos aceptar que el cuestionamiento a una diputada, una funcionaria o una candidata se confunda automáticamente con violencia política. La crítica, la fiscalización, la sátira y el desacuerdo son componentes esenciales de cualquier democracia. El proyecto contempla reformas al Código Penal, medidas de prevención y mecanismos institucionales de seguimiento; por eso resulta indispensable examinar cuidadosamente sus definiciones, conductas sancionables y garantías procesales. Proteger a las mujeres no significa otorgar inmunidad frente al escrutinio público ni convertir el desacuerdo político en una amenaza penal.

El momento en que estas iniciativas avanzan tampoco es menor. La iniciativa 6698 recibió dictamen favorable con modificaciones el 23 de octubre de 2026, mientras que la 6347 obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional el 28 de septiembre. Guatemala se encamina a las elecciones generales del 27 de junio de 2027, con una convocatoria prevista para el 22 de enero. En ese contexto, cualquier legislación que afecte la privacidad, las comunicaciones o la libertad de expresión debe analizarse con especial cautela. No se trata de atribuir intenciones sin pruebas, sino de exigir garantías antes de entregar nuevas facultades al poder político. Una ley deficiente puede convertirse en un precedente peligroso, independientemente de quién ocupe el gobierno.

Los diputados tienen la responsabilidad de legislar para proteger a los ciudadanos, no para ampliar indiscriminadamente la capacidad de vigilancia o intimidación del Estado. La ciberseguridad debe estar en manos de una institución civil, técnica e independiente; la protección de las mujeres debe combatir la violencia real sin criminalizar la crítica legítima. Ambas iniciativas necesitan controles, transparencia, definiciones precisas y un debate público amplio. La libertad no puede quedar subordinada a conceptos jurídicos ambiguos ni a la discrecionalidad de los funcionarios de turno. Guatemala necesita más seguridad, más justicia y más protección de derechos, pero nunca a costa de sacrificar aquello que sostiene una república, la libertad.