Estado fallido: las consecuencias de la incapacidad – Editorial

Guatemala se ha convertido en un Estado que pierde el control de sus funciones elementales. Mientras el gobierno de Bernardo Arévalo y el oficialismo de Semilla continúan refugiándose en discursos de transformación democrática, la realidad exhibe una sucesión de crisis que comprometen la seguridad ciudadana, la autoridad del Estado y la confianza en las instituciones. No se trata de un incidente aislado ni de una conspiración imaginaria, sino una acumulación de fracasos que exige responsabilidades políticas.

En octubre de 2025, 20 integrantes de alto perfil del Barrio 18 escaparon de la prisión de Fraijanes II, casi un año después, nueve seguían prófugos. El caso también llevó a la emisión de órdenes de captura contra el exministro de Gobernación Francisco Jiménez y otros exfuncionarios señalados por su presunta vinculación con las irregularidades investigadas. A esto se suma el robo de 75 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14 mil municiones del Comando Aéreo del Norte, en Petén, mientras parte del armamento fue localizado en los drenajes de la propia instalación militar. Estos hechos reafirman que no estamos ante simples errores administrativos, sino ante fallas graves de control, inteligencia, supervisión y mando.

La crisis penitenciaria terminó por demostrar que las consecuencias de esa incapacidad no se quedan dentro de los muros de una prisión. En enero de 2026, los motines simultáneos en centros carcelarios y los ataques atribuidos al Barrio 18 contra agentes de la Policía Nacional Civil dejaron guardias retenidos y al menos siete policías asesinados durante la jornada más violenta, según los reportes iniciales de varios medios internacionales. El gobierno respondió con un estado de sitio, sin embargo, nadie termina de explicar cómo llegaron las estructuras criminales a tener la capacidad de coordinación y presión sobre el Estado.Tampoco puede olvidarse Nahualá, donde la violencia dejó 13 fallecidos en diciembre de 2025. Medios comunitarios y pobladores señalaron que desde un helicóptero del Ejército se habría disparado contra civiles, una denuncia que exige esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Lo inadmisible es que trece vidas perdidas queden sin respuestas claras. Así, la obligación de un gobierno no es únicamente reaccionar cuando los muertos ya están en las calles; es anticipar amenazas, desarticular estructuras criminales y evitar que los ciudadanos y los propios agentes de seguridad paguen el precio de la negligencia institucional.

En septiembre, Huité, volvió a colocar al país frente a una tragedia que no admite explicaciones apresuradas. 8 personas, entre ellas 3 mujeres y 1 menor de edad, murieron en una serie de ataques armados ocurridos en medio de un supuesto operativo relacionado con Haroldo Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”. La presencia militar fue confirmada por el propio presidente Arévalo, mientras las autoridades anunciaron investigaciones y el relevo de mandos militares. El Ministerio Público debe determinar quién disparó, qué ocurrió realmente y si existieron responsabilidades penales, lo mismo debe exigirse ante las incursiones de grupos armados en la frontera con México, donde se reportaron enfrentamientos, un civil fallecido y un militar herido.

Un Estado que no puede esclarecer la muerte de sus ciudadanos, controlar sus fronteras o garantizar que sus fuerzas actúen bajo protocolos verificables pierde autoridad ante la población. Así ell asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exjefe de la SAT, a tiros en el Campo Marte el 17 de octubre de 2026, vuelve a recordarnos la gravedad de la violencia criminal. Su muerte exige una investigación exhaustiva, sin especulaciones sobre sus autores o motivaciones antes de que existan pruebas.

Frente a cada crisis, una parte de la discusión pública prefiere fabricar teorías de conspiración antes que exigir cuentas. Aparecen explicaciones que atribuyen todos los males a Estados Unidos, al Ejército, a supuestas operaciones políticas o a oscuros intereses, incluso antes de conocer los resultados de las investigaciones. Investigar la posible responsabilidad de militares, denunciar abusos o cuestionar la influencia extranjera no se pueden convertir en hipótesis prefabricadas para desviar la atención de la responsabilidad gubernamental. La exigencia de transparencia debe aplicarse a todos, sin excepciones ideológicas. Si hubo participación criminal y si hubo negligencia política, debe probarse y castigarse, para que quienes dirigían las instituciones rindan cuentas. Lo que no puede aceptarse es que la sospecha selectiva sustituya a la evidencia y que la indignación dependa de quién resulte políticamente beneficiado.

El problema de Guatemala no se resuelve con discursos, conferencias de prensa ni con la invocación permanente de enemigos imaginarios. Se resuelve con instituciones capaces, autoridades responsables, inteligencia efectiva, cárceles bajo control, fronteras vigiladas y una justicia que funcione sin privilegios. Bernardo Arévalo y su gobierno deben responder por los resultados de las instituciones que dirigen. La responsabilidad política consiste precisamente en asumir las consecuencias de la gestión, corregir los errores y garantizar que no se repitan. Un Estado no se convierte en fallido de un día para otro, se debilita cada vez que pierde el control, cada vez que la impunidad avanza y cada vez que sus gobernantes encuentran una excusa para no responder.