Arévalo se hunde entre ministros cuestionados e impunidad oficial – Editorial

El Gobierno de Bernardo Arévalo llegó al poder bajo la bandera de la anticorrupción, el rescate institucional y la seguridad de los guatemaltecos. Sin embargo, la brecha entre la retórica oficialista y la dura realidad del país hoy es abismal. La administración de Arévalo no solo se muestra incapaz de responder ante las crisis que sacuden a Guatemala, sino que se refugia en el inmovilismo, los comunicados vacíos y el señalamiento sistemático hacia otros actores para esquivar su propia responsabilidad ejecutiva.

El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y la masacre de ocho personas en Huité forman parte de una radiografía de un Gabinete de Gobierno desgastado, desorientado y paralizado ante el avance de la criminalidad.

En el caso de Foppa, asesinado a plena luz del día en la capital, la respuesta gubernamental ha sido la inoperancia. Que las primeras personas capturadas hayan quedado en libertad por falta de mérito expone de entrada la debilidad del despliegue preventivo y de contención del Ministerio de Gobernación. Arévalo se limita a ofrecer discursos y prometer una justicia que su propio Gabinete de Seguridad no puede garantizar en las calles. Un crimen de esta magnitud exige que el Ejecutivo rinda cuentas por las evidentes fallas en los mecanismos de protección y de inteligencia del Estado, en lugar de diluir su responsabilidad tras discursos vacíos mientras la violencia avanza sin freno.

Lo ocurrido en Huité, Zacapa, exhibe el rostro más oscuro de una gestión dw gobierno y la falta de control civil sobre las fuerzas armadas. La muerte de ocho guatemaltecos el pasado 27 de septiembre no se resuelve con relevos cosméticos ni con discursos que buscan atenuar el costo político de la tragedia. La entrega tardía de un informe institucional no borra la gravedad del hecho ni justifica la constante narrativa gubernamental orientada a proteger la imagen del un gobierno, antes que a garantizar el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades deben asumir la responsabilidad política de haber permitido un operativo desastroso que terminó en una tragedia humana y en un grave cuestionamiento institucional.

Por su parte, el conflicto en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para abordar la conflictividad social. Una matanza también de 13 personas, en la que existen reportes de los habitantes locales de recibir disparos desde un helicóptero.

Bernardo Arévalo debe entender que la gestión pública no se ejerce mediante conferencias de prensa ni promesas abstractas. Relevar mandos o anunciar comisiones simbólicas son maniobras insuficientes cuando los ministros encargados de la seguridad exterior e interior han demostrado no estar a la altura del cargo. Si los titulares de Gobernación y Defensa no son capaces de garantizar la paz social  y prevenir el desbordamiento de la violencia, el presidente debe exigir sus renuncias inmediatas por incompetencia en el ejercicio de la función pública.

Guatemala no puede seguir gobernada por la excusa perpetua ni por un Gabinete que se refugia en discursos mientras el país se desangra. El presidente Arévalo y sus ministros deben rendir cuentas políticas y asumir con hechos la responsabilidad de la crisis que hoy atraviesa el Estado de Guatemala.