La trampa de la Ley de Cine: burocracia, censura, privilegios, control estatal y lavado de dinero

La iniciativa 5906 pretende financiar con recursos públicos una burocracia con poder para condicionar rodajes, repartir fondos según criterios discrecionales y obligar a salas privadas a exhibir cine nacional bajo amenaza de cierre. A ese poder agrega puestos reservados y contrataciones en el extranjero exceptuadas de licitación. Bajo la promesa de fomentar la cultura, el proyecto abre espacio al favoritismo y la censura, y pone la libertad de creación y de empresa a merced de decisiones políticas.

Detrás de la promesa de desarrollo cultural aparecen disposiciones concretas que merecen escrutinio: contrataciones en el extranjero exceptuadas de licitación, exclusiones de financiamiento sujetas a interpretaciones ideológicas y obligaciones de exhibición cuyo incumplimiento podría terminar en el cierre de negocios.

El problema está escrito en el articulado. La propuesta entrega poder coercitivo sin establecer límites suficientemente claros para impedir su utilización política o el favorecimiento de intereses particulares.

Una burocracia financiada antes de demostrar resultados

La ley crearía el Instituto Guatemalteco de Cine, con direcciones administrativas, unidades técnicas y facultades para ampliar su estructura. También contempla una Escuela Superior Nacional de Cine.

Los artículos 13 y 26 permiten que los recursos destinados al funcionamiento institucional igualen los asignados al Fondo de Fomento. Es decir, en una distribución compuesta por esos dos rubros, podría gastarse un quetzal en mantener la institución por cada quetzal destinado al Fondo.

A ello se suman las dietas del Consejo. El artículo 9 establece para los representantes no gubernamentales una remuneración por sesión equivalente a tres salarios mínimos diarios del sector no agrícola, con un máximo de ocho sesiones pagadas al mes.

La estructura administrativa y sus remuneraciones quedarían establecidas por ley. Los resultados que justificarían sostenerla dependerían de decisiones posteriores.

La propuesta financiaría al Instituto mediante una contribución de un dólar por boleto aéreo vendido a extranjeros con destino a Guatemala, además de otras fuentes previstas. Se trasladaría así parte del costo de la nueva institucionalidad a personas cuya entrada al país no implica participación alguna en la industria cinematográfica.

El Ejecutivo tendría mayoría y AGACINE un puesto asegurado

El artículo 6 establece cinco representaciones en el Consejo Nacional de Cinematografía. Tres corresponden a ministerios del Ejecutivo. Las otras dos, a productores y agentes de la industria.

Esa mayoría gubernamental tendría incidencia sobre los criterios para financiar proyectos y sobre el nombramiento y remoción del director ejecutivo. La autonomía administrativa proclamada en el proyecto conviviría con un órgano de decisión dominado numéricamente por representantes del Gobierno.

El artículo 49 agrega un privilegio particular: reserva a AGACINE la representación de los productores durante la primera conformación del Consejo, aunque la regla general establece que ese representante debe ser electo entre organizaciones legalmente constituidas.

La asociación obtendría participación asegurada en el momento en que se definan autoridades y reglas iniciales del sistema.

El artículo 4 constitucional exige igualdad de trato, mientras el artículo 130 dispone: “Se prohíben los monopolios y privilegios”. Reservar una posición a una organización determinada exige una justificación objetiva frente a otras asociaciones del mismo sector. La preferencia no queda constitucionalmente justificada por el simple hecho de incorporarla a una ley.

Contrataciones en el extranjero con menos barreras al favoritismo

El artículo 24 exoneraría al Instituto de requisitos de licitación pública y privada para diversas contrataciones internacionales. La excepción comprende publicidad, membresías y participación en programas, pero se extiende también a servicios esenciales y bienes necesarios para sus actividades en el exterior.

La amplitud de esas categorías permitiría contratar gastos de naturaleza muy distinta sin que esa disposición establezca límites monetarios o un procedimiento competitivo alternativo.

Esto abre un espacio de riesgo para proveedores favorecidos, servicios sobrevalorados y gastos difíciles de comparar. La fiscalización posterior prevista en el proyecto no sustituye el control preventivo que proporciona la competencia entre oferentes.

El texto no permite afirmar que exista una operación de lavado de dinero ni que los recursos queden fuera de toda fiscalización. Sí permite identificar una excepción amplia que reduce controles de contratación precisamente en operaciones realizadas en el extranjero, donde comprobar precios y servicios puede resultar más complejo.

Una política cultural no necesita conceder semejante amplitud para contratar. Los promotores deben explicar por qué el Instituto requiere esa prerrogativa y qué controles impedirían convertirla en una vía de gasto discrecional.

El financiamiento como filtro ideológico

El artículo 28 excluye del fomento obras consideradas propaganda política y contenidos calificados como discriminatorios, racistas, homofóbicos o pornográficos. Sin embargo, no desarrolla criterios suficientes para distinguir entre representar una conducta, denunciarla o promoverla.

La disposición también conserva una categoría residual de obras no previstas, sujeta a aprobación del Consejo.

En manos de una autoridad politizada, esa discrecionalidad permitiría favorecer determinadas interpretaciones de la historia o posiciones sociales y negar recursos a sus contradictores. El sistema de concursos perdería valor como garantía si los criterios pueden acomodarse a preferencias ideológicas.

Estas exclusiones afectan el financiamiento. El mecanismo de censura indirecta aparecería cuando los recursos públicos se utilicen para premiar afinidades o castigar opiniones. La Comisión Interamericana identifica ese uso discriminatorio del poder económico estatal como una presión incompatible con la libertad de expresión.

Crear bajo permiso y exhibir bajo amenaza

Para las producciones extranjeras, los artículos 23 y 40 establecen una licencia obligatoria de rodaje y la suspensión de quienes no la obtengan. Su precio sería fijado anualmente por el Consejo, sin un máximo legal.

El proyecto no delimita las causales de rechazo ni restringe expresamente el permiso a condiciones materiales, como seguridad o utilización de espacios.

El artículo 35 constitucional protege la expresión “sin censura ni licencia previa”. Una autorización utilizada para evaluar mensajes o impedir la realización de una obra por su contenido chocaría con esa garantía. La ley debería cerrar esa posibilidad de forma expresa.

Las salas privadas enfrentarían otra forma de intervención. El artículo 29 les exige garantizar una “presencia significativa” de producciones guatemaltecas y un “periodo adecuado” de exhibición para largometrajes. No define cuánto tiempo satisface esas obligaciones.

El artículo 43, en cambio, sí concreta el castigo: cinco salarios mínimos de multa y, por reincidencia, cierre de hasta tres meses.

La autoridad podría terminar definiendo qué programación considera suficiente, mientras el empresario asumiría el riesgo de perder ingresos o cerrar su negocio.

Los artículos 39 y 43 constitucionales protegen la propiedad y la libertad de comercio. Aunque permiten regulación legal, una intervención debe estar justificada y delimitada. Los artículos 5 y 12 también obligan a respetar la libertad de acción y el derecho de defensa. Sancionar sobre la base de obligaciones imprecisas compromete esas garantías.

La propuesta tampoco contempla una excepción expresa cuando el exhibidor rechace los mensajes de una producción por razones editoriales o de conciencia. No impone títulos concretos, pero obliga a entregar espacio de programación sin resolver ese conflicto.

Una película guatemalteca puede contrariar las convicciones familiares, religiosas o culturales de quienes administran una sala y de su público. Su nacionalidad no le concede un derecho automático sobre una pantalla privada.

El costo de entregar facultades sin límites claros

La iniciativa combina una burocracia permanente con decisiones políticas sobre financiamiento, permisos y exhibición. Una asociación recibe representación inicial garantizada; el Ejecutivo tendría mayoría en el Consejo; determinadas contrataciones internacionales perderían la competencia obligatoria; y los empresarios podrían enfrentar clausuras por incumplir conceptos indefinidos.

El Congreso debe responder por esas disposiciones antes de aprobarlas. Invocar el apoyo al artista nacional no explica por qué se necesita reservar puestos, reducir controles de contratación o amenazar con cierres a quienes asumen el riesgo de operar una sala de cine.

La protección de la cultura tampoco autoriza a convertir el financiamiento público en una herramienta de alineamiento ideológico. Una ley de fomento que necesita intervenir en pantallas ajenas y dejar decisiones fundamentales al criterio de funcionarios está construyendo un sistema de control cuyo costo terminarían pagando terceros.