Huité: la complicidad del silencio, el hermetismo del poder y la indignación selectiva – Editorial

El brutal asesinato de ocho personas el pasado 27 de septiembre en Huité, Zacapa representa un punto de quiebre para la gestión pública en Guatemala. Un hecho de esta naturaleza, donde el Ministerio Público procesó cuatro escenas del crimen y recolectó 77 indicios balísticos, exigía una postura oficial inmediata, contundente y sin ambigüedades. Sin embargo, lo que la ciudadanía recibió del Ejecutivo fue una muralla de hermetismo, desinformación y calculada cautela, dejando al descubierto una preocupante incapacidad institucional para dar la cara cuando el abuso salpica la casa presidencial.

La narrativa gubernamental ha estado marcada por la evasión y la contradicción. Fue hasta el 30 de septiembre que el presidente Bernardo Arévalo admitió la participación de elementos del Ejército en la masacre y anunció una comisión interna en el Ministerio de la Defensa para “investigar”. Pero la promesa de transparencia duró poco ya que para el 7 de octubre, mientras el mandatario afirmaba públicamente que el informe militar ya debía estar en manos de la fiscalía, Defensa lo desmentía al declarar a la prensa que no tenía un plazo determinado para concluir sus indagaciones. Este juego de versiones contrapuestas no es simple desorganización; es una estrategia de comunicación política que alimenta la sospecha de encubrimiento e impunidad desde la cúpula estatal.

La gravedad del asunto ya traspasó los discursos oficiales. El 8 de octubre, la crisis provocó el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y derivó en una denuncia penal presentada por un coronel contra el ministro de Defensa y la alta cúpula militar. Que la línea de mando del Ejército esté bajo investigación judicial demuestra que no estamos ante un “hecho aislado” de la tropa, sino ante un escándalo institucional de proporciones mayores. Frente a esto, la insistencia del Ejecutivo en escudarse en investigaciones internas a puerta cerrada resulta inaceptable: el Gobierno no puede ser juez y parte de los crímenes cometidos por sus propias fuerzas de seguridad.

Más alarmante aún que la opacidad del Gobierno es el atronador y sospechoso mutismo de un amplio sector de ONGs, colectivos de derechos humanos y medios de comunicación. Quienes en administraciones pasadas paralizaban las calles, inundaban las redes sociales, emitían comunicados urgentes y convocaban a protestas masivas ante el mínimo indicio de abuso estatal, hoy optan por el susurro, la tibieza o la omisión deliberada. Este silencio coordinado revela la existencia de una indignación con carné partidario, donde las violaciones a los derechos humanos solo parecen importar cuando el gobernante de turno pertenece al espectro político rival.

Convertir la defensa de la vida en una herramienta de conveniencia ideológica destruye la legitimidad de las organizaciones civiles y degrada el ejercicio periodístico. El Gobierno de Arévalo tiene la obligación legal y moral de rendir cuentas sin escudarse en la burocracia militar, mientras que las ONGs y los medios dependientes de agenda deben explicar por qué su vehemencia crítica se apaga cuando el poder viste de su mismo color. En Huité murieron ocho personas a manos del aparato estatal; condicionar la protesta o matizar el escándalo para no incomodar al Ejecutivo de turno no es prudencia política sino una vergonzosa complicidad.