Política en Guatemala
No hay silla vacía II
Guatemala enfrenta el desafío de llevar inversión y economía formal hacia las regiones históricamente rezagadas.
En Guatemala, el desarrollo no puede seguir dependiendo de la improvisación ni de esfuerzos aislados. La ausencia de infraestructura adecuada, educación de calidad, servicios de salud funcionales y condiciones mínimas de seguridad ha condenado a numerosos departamentos a permanecer fuera de los principales circuitos de inversión y crecimiento. Cuando una carretera en mal estado encarece el transporte, cuando no existe energía confiable, conectividad suficiente o capital humano preparado, las posibilidades de atraer empresas, generar empleo formal y diversificar la economía se reducen dramáticamente. El problema no es únicamente cuánto invierte el Estado, sino si existe una visión de largo plazo capaz de conectar territorios, educación y oportunidades productivas.
Esa falta de condiciones también explica por qué buena parte del desarrollo económico continúa concentrándose en determinadas áreas del país. Guatemala necesita nuevos polos de desarrollo que permitan que la inversión llegue a departamentos que durante décadas han permanecido al margen de las grandes oportunidades económicas. Para conseguirlo no basta con ofrecer incentivos fiscales o discursos sobre competitividad. Se necesita certeza jurídica, infraestructura, seguridad, educación técnica y reglas claras que permitan al sector privado invertir de manera legal, rentable y responsable. El empresario no sustituye al Estado, pero sí puede transformar territorios cuando encuentra las condiciones necesarias para crear empleo, innovación y cadenas productivas capaces de elevar los ingresos de las comunidades.
El problema es que cuando la economía formal no ocupa esos espacios, alguien más lo hace. En territorios donde no llegan suficientes empresas, empleos o servicios públicos, el narcotráfico y el crimen organizado pueden convertirse en una fuente de ingresos, financiamiento e incluso movilidad social para comunidades que encuentran pocas alternativas. Ahí vuelve a aparecer la lógica de que no existe una silla vacía. Si el Estado no construye las condiciones para el desarrollo y el sector privado formal no puede ingresar, las economías ilícitas encuentran terreno fértil para ofrecer aquello que las instituciones y el mercado legal no están proporcionando. Combatir al crimen organizado, por lo tanto, no consiste únicamente en capturar estructuras criminales, sino también en quitarles el monopolio de las oportunidades económicas en determinados territorios.
La silla que Guatemala necesita ocupar es la de una alianza seria entre Estado, inversión privada y comunidades. Al Estado le corresponde garantizar educación, salud, seguridad, infraestructura, justicia y certeza jurídica; al sector privado, invertir, competir, innovar y generar empleo digno dentro de reglas claras; y a las comunidades, convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. La verdadera respuesta al narcotráfico no puede ser únicamente policial: también debe ser económica y social. Cada carretera que conecta un municipio, cada joven que encuentra educación y empleo, cada empresa que decide invertir fuera de los centros tradicionales y cada comunidad que encuentra oportunidades dentro de la legalidad reduce el espacio disponible para el crimen organizado. En Guatemala tampoco hay silla vacía en el desarrollo, esta la ocupan las instituciones y la economía formal, o terminarán ocupándola quienes prosperan precisamente de su ausencia.




