No hay silla vacía

El poder no admite vacíos, en donde el Estado no garantiza seguridad, salud, infraestructura ni oportunidades económicas, alguien termina ocupando su lugar. En amplias regiones de Guatemala, las redes del narcotráfico y del crimen organizado han encontrado terreno fértil precisamente porque las instituciones públicas llegan tarde, llegan débilmente o simplemente no llegan. Cuando el poder municipal carece de recursos, capacidad o voluntad para responder a las necesidades mínimas de la población, las estructuras criminales dejan de ser únicamente organizaciones clandestinas y comienzan a convertirse en poderes territoriales capaces de imponer reglas, administrar lealtades y condicionar la vida comunitaria.

El narcotráfico necesita mucho más que rutas, armas y dinero. Para proteger sus operaciones requiere información, silencio, complicidades y una extensa red de lealtades locales. Por eso financia celebraciones, entrega alimentos, paga tratamientos médicos, ofrece empleos, resuelve emergencias e incluso proporciona una forma perversa de seguridad. El líder criminal se transforma así en una especie de caudillo moderno que recibe obediencia y, en ocasiones, hasta reconocimiento de comunidades abandonadas por el Estado. No porque el crimen sea legítimo, sino porque responde con mayor rapidez que las instituciones. Departamentos estratégicos para estas estructuras también concentran enormes carencias sociales, según el INE en 2023 la pobreza alcanzaba el 81.2 % en Huehuetenango, el 80 % en Jalapa y el 90.3 % en Alta Verapaz. En esas condiciones, la necesidad se convierte fácilmente en dependencia y la dependencia, en control territorial.

El tamaño del desafío no puede seguir minimizándose. Durante 2025 las autoridades decomisaron aproximadamente 9.8 toneladas de cocaína, mientras que en mayo de 2026 fue descubierto cerca de la frontera con México el mayor narcolaboratorio localizado en Guatemala durante los últimos quince años. A ello se suman episodios como los ataques contra instalaciones policiales y militares registrados en Sololá en diciembre de 2025, atribuidos por el propio Gobierno a estructuras criminales que buscaban expulsar a las fuerzas de seguridad y controlar el territorio. Estos hechos demuestran que no estamos únicamente frente al tránsito de drogas, sino ante organizaciones con capacidad logística, económica, armada y social suficiente para disputar espacios de autoridad al Estado.

Frente a esta realidad, el gobierno de Bernardo Arévalo y Semilla no puede continuar refugiándose en el discurso, las explicaciones administrativas ni la herencia recibida. Después de más de dos años de gobierno, la lentitud institucional, la falta de una estrategia territorial visible y las respuestas predominantemente reactivas han contribuido a que estas organizaciones profundicen sus raíces. La responsabilidad política no exige afirmar, sin pruebas, una alianza directa con el narcotráfico; basta reconocer que la ineficiencia estatal produce consecuencias funcionalmente favorables para este. Cada territorio sin presencia policial permanente, cada centro de salud sin medicamentos, cada carretera abandonada y cada comunidad sin oportunidades facilita que el crimen organizado se presente como benefactor, empleador y autoridad. La omisión también produce poder, pero lo entrega a quienes están dispuestos a ocuparlo.

La corrupción completa este proceso de debilitamiento. Cuando alcaldes, policías, funcionarios o actores políticos son comprados, intimidados o cooptados, el Estado no solamente pierde capacidad, sino también legitimidad. El ciudadano deja de distinguir entre la autoridad pública y la estructura criminal porque ambas terminan operando dentro de la misma red de favores, silencios y protección. Recuperar esos territorios exige mucho más que operativos esporádicos y decomisos publicitados: requiere instituciones municipales fuertes, seguridad sostenida, servicios básicos, empleo formal, inteligencia financiera y persecución efectiva del dinero ilícito. Mientras el gobierno de Arévalo no comprenda que la lucha contra el narcotráfico también es una disputa por la confianza y la lealtad de las comunidades, las organizaciones criminales seguirán creciendo. Porque allí donde el Estado abandona su lugar, el poder no queda desocupado. No hay silla vacía.