Entre corrupción y violencia – Un gobierno solapado por la propaganda – Editorial

Los gobiernos no fracasan únicamente por la magnitud de los problemas que enfrentan, sino por su incapacidad para resolverlos. Guatemala atraviesa hoy una preocupante crisis de liderazgo político. La violencia vuelve a ocupar los titulares, el costo de la vida continúa aumentando, el crimen organizado desafía al Estado incluso desde las cárceles y la promesa de una transformación institucional parece haberse diluido entre discursos, confrontaciones y decisiones de corto plazo. Mientras el país exige resultados, el Gobierno de Bernardo Arévalo parece haber optado por otra estrategia: administrar la percepción antes que transformar la realidad.

Cada vez resulta más evidente que la principal fortaleza del oficialismo no ha sido su capacidad para gobernar, sino para construir un relato político que intenta explicar cada fracaso como responsabilidad de otros actores. Sin embargo, ningún discurso puede ocultar indefinidamente los hechos. Los señalamientos de corrupción continúan ocupando el debate público, las respuestas oficiales resultan insuficientes y una parte de la base más radical del oficialismo ha convertido la defensa incondicional del Gobierno en un mecanismo para descalificar cualquier crítica. La propaganda ha terminado funcionando como un escudo político que protege la incapacidad de gestión, debilitando la rendición de cuentas y desplazando la discusión sobre los resultados que el país demanda.

Los números reflejan un país que continúa lejos de recuperar el control. Guatemala mantiene una tasa cercana a 16 homicidios por cada 100 mil habitantes. Mayo cerró como el mes más violento de 2026 con 297 homicidios y entre enero y mayo se registraron 1,172 muertes violentas. Durante 2025 el país volvió a superar los 3,000 homicidios y el 84.6 % de las víctimas murió por arma de fuego. Pero la evidencia más contundente del deterioro de la seguridad ocurrió el pasado sábado, cuando al menos 50 personas fueron reportadas asesinadas en hechos violentos a nivel nacional, en una jornada que diversos medios y analistas consideran posiblemente la más violenta registrada en Guatemala en al menos una década. Más que un dato estadístico, este episodio representa el síntoma de un Estado que ha perdido la capacidad de anticiparse al crimen organizado y que hoy responde de manera reactiva frente a estructuras criminales cada vez más fortalecidas.

La incapacidad también queda expuesta tras los muros de las cárceles. La fuga de veinte integrantes del Barrio 18, los motines simultáneos y la permanente operación de redes de extorsión y narcotráfico desde los centros penitenciarios evidencian que el Estado sigue sin ejercer autoridad sobre quienes debería mantener bajo control. Las prisiones continúan funcionando como centros de operaciones criminales, mientras las reformas estructurales permanecen ausentes. No basta con anunciar nuevas cárceles si no existe una estrategia para recuperar la institucionalidad, erradicar la corrupción interna, bloquear las comunicaciones ilícitas y profesionalizar el sistema penitenciario.

Al mismo tiempo, el bolsillo de los guatemaltecos vuelve a resentir el incremento en el precio de los combustibles. Como respuesta, el Gobierno insiste nuevamente en los subsidios temporales, una herramienta que reduce momentáneamente la presión económica, pero que no modifica ninguna de las causas estructurales del problema. Gobernar mediante subsidios permanentes no constituye una política de desarrollo; constituye la administración de una crisis. Guatemala sigue sin discutir una agenda seria para fortalecer el transporte público, diversificar la matriz energética, mejorar la infraestructura logística o reducir los costos que limitan la competitividad nacional.

La política tampoco escapa de esta lógica. La creciente dependencia del oficialismo de acuerdos con bloques legislativos históricamente cuestionados refleja una gobernabilidad sostenida por negociaciones coyunturales más que por un proyecto sólido de transformación. Conseguir votos en el Congreso no equivale a ejercer liderazgo. Liderar implica asumir costos políticos, construir consensos para impulsar reformas profundas y ofrecer resultados medibles. Nada de eso parece estar ocurriendo.

Bernardo Arévalo llegó a la Presidencia prometiendo una nueva forma de hacer política. Sin embargo, conforme avanza su administración, la percepción es la de un gobierno que reacciona ante cada crisis sin resolver ninguna de manera definitiva. La narrativa ha reemplazado a los resultados, la confrontación a la gestión y la comunicación política a las políticas públicas. Mientras tanto, la violencia persiste, el costo de la vida aumenta y la incertidumbre se profundiza.

La historia demuestra que ningún gobierno logra sostenerse únicamente sobre el respaldo de sus simpatizantes más fieles. La legitimidad se construye gobernando, no comunicando; resolviendo problemas, no explicándolos; ejerciendo liderazgo, no administrando excusas. Guatemala no enfrenta únicamente una crisis de seguridad o una crisis económica. Enfrenta una crisis de conducción política. Cuando el liderazgo desaparece, la corrupción encuentra espacios para reproducirse, la improvisación sustituye a la planificación y el crimen organizado amplía su capacidad de desafiar al Estado. Ninguna estrategia de propaganda puede ocultar indefinidamente esa realidad.