Informe de la ONU alerta sobre el deterioro de la independencia judicial en Guatemala

En el marco de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, presentó este 25 de junio el informe “Principios para designaciones judiciales”, documento que incluye las conclusiones de su visita oficial a Guatemala realizada el año pasado.

En su intervención, la experta sostuvo que el sistema judicial guatemalteco atraviesa una profunda crisis, pese a contar con un marco constitucional sólido y antecedentes de esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción.

Señala presuntas interferencias y uso indebido de procesos penales

De acuerdo con el informe, existe una convergencia de intereses políticos, económicos y delictivos que, según la relatora, estaría debilitando la integridad de los procesos de designación judicial.

Asimismo, indicó que la concentración de competencias disciplinarias y de poder en instituciones clave habría facilitado la instrumentalización de procesos penales y afectado la independencia del sistema de justicia.

Entre las conclusiones, Satterthwaite afirmó que las observaciones realizadas durante su visita le permitieron identificar que la fiscalía se ha convertido en una vía para la persecución, mediante el presunto uso indebido de procesos penales.

Según la relatora, esta situación tendría efectos particularmente significativos sobre sectores considerados en condición de vulnerabilidad.

Preocupación por la persecución de operadores de justicia

El informe también aborda la situación de jueces, fiscales y otros operadores de justicia independientes.

La relatora sostuvo que la persecución contra estos actores ha contribuido a debilitar la independencia judicial y a reducir la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Las conclusiones forman parte del informe presentado ante los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se plantean principios orientados a fortalecer la transparencia, la independencia y la integridad en los procesos de designación judicial.