CC fija condiciones para marcha en Antigua y respalda reclamo de la municipalidad

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar un amparo provisional solicitado por la Municipalidad de Antigua Guatemala, decisión que permite la realización de la marcha convocada por integrantes de la comunidad LGBTIQ+ para este sábado 20 de junio, aunque bajo condiciones específicas relacionadas con los espacios autorizados para la actividad.

La resolución fue emitida durante una sesión celebrada la tarde del viernes, en la que el máximo tribunal constitucional determinó que las autoridades del Organismo Ejecutivo y de seguridad pública deberán garantizar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, pero sin permitir el uso de áreas que previamente fueron rechazadas por el Concejo Municipal de Antigua Guatemala.

Restricciones sobre rutas y espacios previamente denegados

De acuerdo con lo resuelto por la CC, el presidente de la República, el ministro de Gobernación, la gobernadora departamental de Sacatepéquez y las autoridades responsables de la seguridad pública deberán abstenerse de autorizar, facilitar o respaldar el desarrollo de concentraciones, desfiles, marchas, instalación de tarimas, cierres peatonales o cualquier uso exclusivo de los espacios que fueron expresamente denegados por la corporación municipal.

La decisión también establece que la actividad podrá desarrollarse únicamente en un lugar, recorrido y horario distintos a los eventos previamente autorizados dentro del casco histórico de Antigua Guatemala, incluyendo la Procesión de la Iglesia La Merced y otras actividades familiares, culturales y religiosas programadas para la misma fecha.

Garantías para participantes y medidas de supervisión

Además de fijar límites territoriales para la manifestación, la Corte ordenó a las autoridades competentes implementar acciones de vigilancia y seguridad que permitan garantizar tanto el orden público como los derechos de los organizadores y asistentes a la actividad.

El tribunal también exhortó a los promotores del evento y a la ciudadanía en general a ejercer sus derechos de forma pacífica y dentro del marco legal vigente, con el objetivo de preservar la convivencia social y evitar situaciones contrarias al orden constitucional.

Por otra parte, la resolución instruye a la Procuraduría General de la Nación (PGN) a adoptar las medidas que considere pertinentes en materia de protección de la niñez.

Asimismo, encomienda al Procurador de los Derechos Humanos supervisar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Corte.

La controversia que llegó a la máxima corte

El origen del caso se remonta a la sesión del Concejo Municipal de Antigua Guatemala realizada el pasado 11 de junio, cuando las autoridades municipales resolvieron por unanimidad rechazar la solicitud para llevar a cabo la manifestación en determinados espacios del municipio.

Ante ese escenario, el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, promovió una acción de amparo provisional para respaldar la decisión municipal, recurso que finalmente fue acogido por la Corte de Constitucionalidad mediante la resolución emitida el viernes.