Cuando el populismo reemplaza el futuro

América Latina atraviesa una etapa de creciente incertidumbre democrática. Diversos estudios regionales muestran una disminución sostenida del respaldo ciudadano a la democracia como el mejor sistema de gobierno, impulsada por la frustración frente a la corrupción, la inseguridad, la pobreza persistente y la incapacidad de muchos gobiernos para ofrecer resultados concretos. Guatemala no escapa a esta realidad. En un país donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a oportunidades económicas, servicios públicos de calidad y condiciones para prosperar, el desencanto con las instituciones crea un terreno propicio para discursos que prometen soluciones simples a problemas profundamente complejos.

La historia reciente de la región demuestra que, cuando la democracia deja de responder a las expectativas ciudadanas, el populismo encuentra espacio para expandirse. Ha ocurrido desde distintas corrientes ideológicas, tanto de izquierda como de derecha, pero bajo un patrón similar: sustituir el fortalecimiento institucional por narrativas que dividen a la sociedad entre “el pueblo” y “las élites”, entre aliados y adversarios, reduciendo el debate público a una confrontación permanente. En ese escenario, los liderazgos personalistas terminan desplazando a las instituciones, debilitando los mecanismos de control y erosionando los contrapesos propios de una democracia liberal.

En Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo llegó al poder con una promesa de transformación basada en el combate a la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana. Sin embargo, conforme avanza la administración, distintos sectores cuestionan que parte importante de su agenda política responda a prioridades impulsadas por círculos académicos, burocráticos y urbanos de orientación progresista, mientras persisten problemas estructurales que afectan directamente a la mayoría de la población. Para muchos ciudadanos, las demandas más urgentes siguen siendo la generación de empleo, la atracción de inversión, la seguridad, la infraestructura y el acceso a mejores oportunidades económicas.

Mientras buena parte del debate político continúa centrado en confrontaciones ideológicas y disputas narrativas, Guatemala enfrenta desafíos mucho más inmediatos. Más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza; la desigualdad territorial limita el desarrollo de numerosas comunidades; la infraestructura continúa rezagada y la competitividad nacional enfrenta obstáculos derivados de deficiencias logísticas, energéticas y regulatorias. Carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad digital, sistemas de transporte, energía e inversión productiva deberían ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda nacional.

Centroamérica también ofrece lecciones que no deberían ignorarse. En distintos países, proyectos políticos de carácter populista han derivado en el debilitamiento del Estado de Derecho, la concentración del poder, el deterioro de la independencia institucional y una creciente polarización política. Cuando la confrontación permanente sustituye al diálogo y los consensos desaparecen, la capacidad del Estado para impulsar políticas públicas de largo plazo se reduce considerablemente.

Guatemala necesita avanzar en la dirección contraria. Requiere instituciones fuertes, reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive la inversión y la creación de empleo. El desarrollo económico sostenible difícilmente puede consolidarse sin un Estado capaz de garantizar el cumplimiento de la ley, proteger los derechos de los ciudadanos y generar confianza tanto para los inversionistas como para la población.

El verdadero reto del país no consiste en sustituir una élite por otra ni en reemplazar una narrativa ideológica por otra distinta. El desafío consiste en construir un Estado moderno, eficiente y funcional, que garantice servicios públicos de calidad, promueva el crecimiento económico y fortalezca la institucionalidad democrática. Sin Estado de Derecho no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo se reduce la movilidad social. Y cuando las oportunidades desaparecen, aumenta la disposición de la ciudadanía a respaldar alternativas autoritarias o populistas que prometen respuestas inmediatas.

Guatemala necesita menos retórica y más resultados. Menos polarización y mayor capacidad para construir acuerdos nacionales. Más infraestructura, más competitividad, más educación, más seguridad y más oportunidades para quienes buscan progresar mediante el trabajo. La democracia no se fortalece únicamente mediante elecciones libres; también requiere instituciones capaces de responder a las necesidades de la población y generar bienestar.

Si la política continúa atrapada en la confrontación permanente mientras los problemas estructurales permanecen sin solución, el riesgo no será únicamente el desgaste de un gobierno, sino el debilitamiento de la confianza en la propia democracia. Ese debería ser el debate central del país antes de que el desencanto termine convirtiéndose en el principal aliado del populismo.