Guatemalteco recibe 78 meses de prisión por liderar red de tráfico de armas en Estados Unidos

Un ciudadano guatemalteco fue condenado por la justicia estadounidense tras ser hallado culpable de coordinar una red dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego entre distintos estados del país.

El caso, investigado durante varios meses por agencias federales, concluyó con una sentencia de seis años y medio de prisión.

Las autoridades del Distrito de Maryland informaron que Lester Ramos Pérez, de 29 años, recibió una condena de 78 meses de cárcel impuesta por el juez federal Matthew J. Maddox. Además, deberá cumplir un año de libertad supervisada al finalizar su pena.

Investigación reveló operaciones entre Alabama y Maryland

Según los documentos judiciales, la investigación comenzó en julio de 2024 y estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Las pesquisas determinaron que Ramos Pérez coordinaba el traslado y la comercialización ilegal de armas desde Alabama hacia Baltimore.

Para septiembre de ese mismo año, el acusado se había establecido en Waldorf, Maryland, desde donde continuó desarrollando las actividades que posteriormente fueron documentadas por las autoridades federales.

De acuerdo con el expediente, el guatemalteco tenía prohibido poseer armas de fuego debido a su situación migratoria en Estados Unidos, una restricción que, según la investigación, fue ignorada mientras dirigía las operaciones de tráfico.

Operativos encubiertos permitieron desarticular la estructura

El caso avanzó mediante una serie de operaciones controladas y transacciones supervisadas por agentes de las fuerzas del orden.

Durante estos procedimientos, Ramos Pérez realizó ventas de armas a investigadores encubiertos que recopilaban evidencia para sustentar el proceso penal.

Las autoridades confirmaron que al menos dos de las armas comercializadas habían sido reportadas como robadas.

Asimismo, otras dos fueron clasificadas bajo la legislación federal como ametralladoras debido a su capacidad de efectuar disparos automáticos.

Los investigadores también establecieron que el acusado conocía plenamente la ilegalidad de las transacciones.

Según los registros judiciales, fue advertido de que el supuesto comprador tenía antecedentes penales y que las armas serían adquiridas para una tercera persona, una modalidad utilizada con frecuencia para ocultar al verdadero destinatario del armamento.

Caso fue impulsado por estrategia federal contra organizaciones criminales

Las autoridades destacaron que la coordinación entre agencias federales y cuerpos policiales locales permitió retirar de circulación armas consideradas de alto riesgo y reunir las pruebas necesarias para llevar el caso ante los tribunales.

La fiscal federal adjunta Kim Y. Hagan estuvo a cargo de la litigación que concluyó con la condena de Lester Ramos Pérez, cerrando una investigación que documentó el traslado y venta ilegal de armamento entre distintos estados de Estados Unidos.

La fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, señaló que el procesamiento forma parte de los esfuerzos desarrollados por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, una iniciativa orientada a combatir organizaciones criminales transnacionales, pandillas y estructuras dedicadas a actividades ilícitas dentro y fuera del territorio estadounidense.