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Editorial

Guatemala bajo la sombra del narco, Estados Unidos pone en la mira a los clanes criminales, sus redes políticas y la debilidad del Estado – Editorial

El combate al narcotráfico tiene, además, una importancia estratégica que Guatemala no puede seguir tratando como un asunto secundario.

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Guatemala bajo la sombra del narco, Estados Unidos pone en la mira a los clanes criminales, sus redes políticas y la debilidad del Estado - Editorial
Foto: Centra News

La decisión de Estados Unidos de ampliar sus medidas contra el narcotráfico en Guatemala marca un nuevo capítulo en la dimensión internacional de la crisis de seguridad del país. El 13 de noviembre de 2026, Washington anunció la designación de Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), mientras que el Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Los Huistas y Los Mendoza por su presunto apoyo material a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. No se trata de una medida simbólica,pues implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras que buscan cortar las redes económicas y logísticas de estas organizaciones. La dimensión más preocupante es que las autoridades estadounidenses identifican relaciones de estas estructuras con empresarios, funcionarios y actores políticos locales. El problema, por tanto, no se limita al tráfico de drogas: apunta a las conexiones que permiten al crimen organizado penetrar las instituciones del Estado.

Guatemala tiene antecedentes que demuestran que estas advertencias no pueden considerarse simples hipótesis. En febrero de 2024, OFAC volvió a sancionar a la organización Los Pochos e identificó a Isel Aneli Suñiga Morfín, entonces alcaldesa de Ayutla, San Marcos, como parte de la estructura criminal, señalando que sus conexiones políticas habrían servido para proteger sus operaciones. En otro caso, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía, Escuintla, fue extraditado en agosto de 2025 por una conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos; posteriormente, en julio de 2026, se declaró culpable. Los documentos judiciales describen cómo habría utilizado su cargo municipal para facilitar operaciones de narcotráfico e incluso colocado a una persona vinculada al tráfico de drogas en una posición relevante de la policía municipal. Estos casos evidencian que cuando las redes criminales consiguen acceso a alcaldías, corporaciones municipales y estructuras de seguridad, dejan de ser actores externos al Estado y comienzan a aprovechar sus recursos y autoridad.

Las cifras permiten dimensionar la gravedad del problema. Según informes de expertos, en septiembre Guatemala acumulaba 2,336 homicidios entre enero y septiembre, con una tasa interanual de 16.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Ministerio de Gobernación reportó que durante 2025 se dio seguimiento a 25,961 denuncias por extorsión y que fueron desarticuladas 60 estructuras criminales relacionadas con este fenómeno. A esto se suma una crisis penitenciaria que compromete cualquier estrategia de seguridad. Según información oficial del Ministerio de Gobernación, los centros de detención tienen capacidad para 6,908 personas, pero albergan aproximadamente a 24,000 privados de libertad, más de tres veces su capacidad instalada. La institución cuenta con alrededor de 4,000 agentes penitenciarios para custodiar esa población. El escenario se agravó en enero de 2026, cuando una serie de motines y ataques coordinados dejó once policías fallecidos. No son problemas aislados: homicidios, extorsiones, control territorial y cárceles desbordadas forman parte de una misma crisis de seguridad y capacidad institucional.

El combate al narcotráfico tiene, además, una importancia estratégica que Guatemala no puede seguir tratando como un asunto secundario. Su ubicación entre Sudamérica, México y los mercados internacionales convierte al territorio nacional en un corredor fundamental para las operaciones de las organizaciones transnacionales. Los departamentos fronterizos, los puertos, las rutas comerciales y los pasos terrestres representan activos estratégicos que pueden ser utilizados tanto para el desarrollo económico como para el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el contrabando. La cooperación con Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Justicia y los mecanismos financieros internacionales es fundamental para perseguir no solamente a los transportistas, sino también a los financiadores, testaferros, operadores logísticos y funcionarios que facilitan estas actividades. La designación de estructuras criminales como organizaciones terroristas amplía las herramientas jurídicas y financieras disponibles para Washington, aunque no sustituye la obligación de Guatemala de investigar, perseguir y sancionar a los responsables con respeto al debido proceso.

La advertencia estadounidense también tiene una dimensión electoral que Guatemala no puede ignorar. De cara a las elecciones generales de 2027, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan K. Andrews, advirtió que los carteles buscan comprar influencia, intimidar a la ciudadanía e incidir en la agenda política nacional, señalando que el narcotráfico representa un ataque directo a la capacidad de Guatemala de gobernarse a sí misma. Washington ha dejado claro que utilizará sus herramientas diplomáticas, financieras y judiciales contra quienes faciliten o protejan estas estructuras, independientemente del cargo que ocupen. La advertencia alcanza a todos los niveles de la contienda electoral, presidencial, legislativo y municipal. Esto plantea un desafío para los partidos políticos que deberán demostrar la legitimidad de sus candidatos y el origen de sus recursos, pero también una advertencia para quienes pretendan llegar al poder con financiamiento o protección del narcotráfico, no pueden asumir que tendrán una relación de cooperación o respaldo con Estados Unidos mientras sus estructuras estén vinculadas con actividades criminales. La narcopolítica no solo amenaza la democracia guatemalteca; también puede comprometer la relación estratégica del país con su principal socio internacional.

El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta, en este contexto, una responsabilidad que no puede resolverse únicamente con comunicados, estados de excepción u operativos temporales. El 15 de noviembre de 2026, ante una nueva escalada de violencia en Zacapa e Izabal, el Ejecutivo decretó un estado de emergencia de 30 días en ambos departamentos. La crisis exige fortalecer la Policía Nacional Civil, recuperar el Sistema Penitenciario, proteger a fiscales y jueces, controlar las fronteras y garantizar que el financiamiento de los partidos y las campañas electorales no se convierta en una puerta de entrada para el dinero criminal. No existe una democracia sólida cuando las organizaciones del narcotráfico pueden comprar protección, influir en gobiernos locales o utilizar las instituciones para garantizar su impunidad. Guatemala necesita demostrar que su Estado tiene la capacidad y la voluntad de enfrentar estas estructuras, sin selectividad política y sin importar el poder económico o partidario de quienes aparezcan en las investigaciones.

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