La nueva Unión Europea empieza fuera de Europa

El 16 de septiembre de 2026, Ursula von der Leyen abrió la puerta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. No fue una invitación a convertirse en el vigésimo octavo Estado miembro, sino a construir una categoría política inédita mediante una Alianza para el Futuro. La propuesta contempla un espacio común de prosperidad y seguridad económica, una alianza tecnológica y una mayor integración de las industrias de defensa. Surge en un contexto marcado por la guerra comercial entre Washington y Ottawa, la presión rusa sobre Europa y la competencia económica y tecnológica con China. La reacción de Donald Trump, quien amenazó con imponer fuertes aranceles o restringir el comercio con Europa si avanzaba el acuerdo, terminó demostrando precisamente el problema que Bruselas y Ottawa pretenden enfrentar; el uso del comercio como mecanismo de presión geopolítica.

La respuesta del primer ministro Mark Carney fue deliberadamente cuidadosa. Canadá acogió la ambición europea, pero Carney aclaró que su gobierno no busca una adhesión plena, sino una alianza única cuyo contenido importe más que su denominación. Ante el Parlamento Europeo propuso cooperación en minerales críticos, defensa, inteligencia artificial, capacidad informática, energía, espacio, sistemas de pagos y comercio digital; también planteó movilidad juvenil y participación canadiense en Erasmus+ y en la próxima generación de Horizon Europe. Canadá posee recursos asociados con más de 34 minerales críticos, lo que explica su valor dentro de la estrategia europea de seguridad económica.

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Este planteamiento refleja el perfil del gobierno liberal canadiense. Carney asumió como primer ministro en marzo de 2025 después de dirigir el Partido Liberal; es economista formado en Harvard y Oxford, exgobernador de los bancos centrales de Canadá y del Reino Unido y antiguo enviado de las Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas. Su liberalismo es menos retórico que institucional; combina mercados abiertos, regulación, multilateralismo y autonomía frente a relaciones económicas excesivamente dependientes.

La asociación tampoco partiría de cero. El acuerdo CETA se aplica provisionalmente desde 2017 y el comercio de bienes y servicios entre Canadá y la Unión Europea alcanzó 130 mil millones de euros en 2025, un aumento del 80 por ciento frente a 2016. Para 2024 ya se había eliminado el 99 por ciento de las líneas arancelarias; sin embargo, diez de los veintisiete Estados miembros todavía no han completado su ratificación. A ello se suman la Asociación de Seguridad y Defensa firmada en junio de 2025 y la incorporación de Canadá como primer país no europeo al instrumento de compras militares SAFE.

Estos antecedentes explican la lógica del nuevo título; integrar capacidades estratégicas sin exigir una pertenencia geográfica plena. Canadá todavía no es miembro asociado, candidato ni solicitante de adhesión. Esa categoría no existe en los tratados y el artículo 49 reserva la membresía plena a los Estados europeos.

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El siguiente paso será definir derechos, obligaciones, acceso al mercado, movilidad y alineación regulatoria; una reforma de los tratados exigiría unanimidad y ratificación interna en los veintisiete países, mientras que un acuerdo especial también necesitaría aprobación institucional y posiblemente ratificaciones nacionales según su alcance. La cumbre entre Canadá y la Unión Europea prevista en Montreal deberá comenzar a convertir la idea política en una arquitectura jurídica.

Australia y el Reino Unido muestran tanto el atractivo como los límites de esta nueva geometría europea. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, planteó que Australia y Nueva Zelanda podrían profundizar sus vínculos siguiendo el precedente canadiense; Canberra respondió con prudencia y concentró su posición inmediata en el acuerdo comercial con la Unión Europea.

El 21 de septiembre, Anthony Albanese, António Costa y von der Leyen acordaron explorar una relación más profunda en comercio, defensa, Horizon Europe, minerales críticos, inteligencia artificial y respuesta a la coerción económica. Londres sigue una ruta distinta. El gobierno británico no ha presentado una solicitud de asociación y, después del Brexit, busca una reintegración funcional antes que institucional.

Andy Burnham pidió que el Reino Unido sea considerado socio confiable dentro de la política Made in Europe, especialmente porque el comercio automotriz entre ambas partes representa alrededor de 80 mil millones de euros anuales. Canadá, Australia y el Reino Unido anticipan así una Europa organizada mediante círculos de cooperación diferenciados, no solamente mediante la alternativa rígida entre pertenecer o permanecer fuera.

La consecuencia geopolítica es más profunda. La lógica de bifurcación está dividiendo mercados, tecnologías, cadenas de suministro y sistemas financieros entre una red encabezada por Estados Unidos y otra articulada alrededor del dragón chino, reforzada por la convergencia estratégica con el oso ruso.

Frente a esa bipolaridad, una alianza entre Europa, Canadá y otras democracias podría consolidar un tercer polo geoeconómico, aunque Carney rechace convertirlo en un tercer bloque cerrado o en una nueva potencia dedicada a dominar. No sería una estrategia de equidistancia entre democracias y autoritarismos, sino una capacidad democrática para cooperar con Washington sin quedar subordinada a sus decisiones y para comerciar con China sin exponerse a dependencias coercitivas.

La instrumentalización coercitiva de la interdependencia económica, concepto desarrollado por Henry Farrell y Abraham Newman, describe justamente cómo el control de redes financieras, tecnológicas o comerciales puede transformarse en poder político. La respuesta multilateral no debe ser la autosuficiencia, sino la diversificación coordinada de mercados, energía, minerales, defensa, datos y tecnología.

Esa estrategia no es nueva; CETA, Horizon Europe, SAFE y los acuerdos de seguridad ya habían comenzado a construirla. Lo novedoso es admitir que la próxima Unión Europea podría definirse menos por sus fronteras y más por su capacidad de reunir democracias capaces de proteger juntas su libertad de decisión.

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