Entrevistas privadas para Fiscal General reabren dudas sobre la apertura del proceso

La decisión del presidente Bernardo Arévalo de realizar entrevistas privadas a los seis candidatos a Fiscal General ha reactivado un debate de fondo: la apertura del proceso en una de las designaciones más sensibles para el sistema de justicia del país.

Aunque el Ejecutivo sostiene que la reserva busca evitar filtraciones y garantizar una evaluación más rigurosa, la medida introduce una tensión evidente: cómo equilibrar la protección del proceso con la necesidad de transparencia y confianza pública.

Blindar el proceso… ¿a costa de cerrarlo?

Según el mandatario, la confidencialidad responde a la necesidad de impedir interferencias, incluyendo posibles influencias de estructuras político-criminales. El objetivo afirma es fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y asegurar una selección más sólida.

Sin embargo, en decisiones de alto impacto institucional, la forma también comunica. Y la señal que se proyecta es clara: la evaluación se realizará sin apertura del proceso hacia la ciudadanía.

Sin apertura, sin legitimidad plena

Diversos sectores han cuestionado la medida, señalando que la falta de apertura del proceso limita la fiscalización ciudadana y reduce la legitimidad de la elección.

No se trata únicamente de observar entrevistas. Se trata de entender qué criterios se priorizan, cómo responden los aspirantes y si cuentan con la independencia necesaria para dirigir el Ministerio Público.

Sin ese acceso, el proceso pierde un componente clave: confianza.

En contraste con la elección anterior: un estándar que hoy se reduce

El contraste con 2023 resulta inevitable. Durante la administración de Alejandro Giammattei, las entrevistas a candidatos fueron públicas, estableciendo un estándar reciente de apertura en un proceso clave para la institucionalidad del país.

Esa decisión fue impulsada por el entonces secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, quien promovió abrir el proceso como una medida para fortalecer la transparencia y la confianza en la elección.

Hoy, ese estándar no solo cambia: se reduce. La ausencia de apertura del proceso marca una diferencia clara en la forma en que se construye o se debilita la legitimidad de esta designación.

Más que una elección

La designación del próximo Fiscal General no es un trámite administrativo. Es una decisión que impacta directamente en el combate a la corrupción, la certeza jurídica y la estabilidad institucional del país.

Por eso, la apertura del proceso no es un detalle menor, sino un elemento central.

El gobierno defiende la confidencialidad como un mecanismo de protección. Pero en un sistema democrático, la falta de apertura también tiene un costo: debilita la confianza, alimenta la incertidumbre y abre espacio a cuestionamientos.

La verdadera discusión

Más allá del resultado final, el debate ya está planteado: ¿puede una designación clave sostener su legitimidad sin apertura del proceso?

Porque al final, no se trata solo de quién será el próximo Fiscal General. Se trata de si el camino para elegirlo fortalece o debilita la institucionalidad que el país necesita consolidar.