El decreto reduce penas y concede indultos selectivos, pero excluye crímenes severos y violaciones contra la población.
La justicia imputa a los supuestos integrantes de la banda venezolana, delitos graves relacionados con drogas, tráfico sexual y asesinato.
Cristina Kirchner es además señalada por "indignidad" y por haber cometido delitos graves contra el Estado que resultaron en enriquecimiento ilícito, atentando contra el sistema democrático.