Mingob impulsa bono alimenticio para la PNC y confirma cierre de comedores

Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía Nacional Civil (PNC) comparecieron ante el Congreso para detallar el avance de la propuesta que busca sustituir los comedores policiales por un bono mensual de alimentación para los agentes.

Durante la citación se analizaron los aspectos financieros y legales del cambio de modelo. Las cifras oficiales reflejan un aumento progresivo en el presupuesto destinado a alimentación: Q16 millones en 2022; Q110 millones en 2023; más de Q193 millones en 2024; Q253 millones en 2025 y, en lo que va de 2026, más de Q52 millones ejecutados.

Pese al incremento del gasto, diputados cuestionaron que el beneficio no impacta de manera directa y equitativa a todos los agentes. En la reunión también se señaló que una sola empresa habría concentrado alrededor de Q150 millones en contratos relacionados con el servicio de comida, lo que generó dudas sobre la distribución de adjudicaciones y la eficiencia del gasto público.

Asimismo, se informó que cerca de 300 agentes y unidades patrulleras actualmente están asignados a tareas logísticas vinculadas a los comedores, recurso humano que podría reincorporarse a labores operativas si se implementa el bono.

Orden de cierre

El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, aseguró que existe una instrucción directa del titular de la cartera para cerrar los comedores y otorgar un bono uniforme a todo el personal policial. Según indicó, la medida busca que el beneficio sea equitativo y llegue a cada agente.

No obstante, el proceso enfrenta ajustes legales. El asesor jurídico del Mingob, Juan Carlos Ríos, explicó que inicialmente se intentó crear el bono mediante un acuerdo ministerial, figura que no es válida para ese fin. Detalló que el artículo 76 de la Ley de la PNC establece que los bonos complementarios deben regularse a través de un reglamento, por lo que será necesario emitir un acuerdo gubernativo.

De acuerdo con lo expuesto, el bono tendría una proyección inicial de Q500 mensuales por agente. Las autoridades afirmaron que ya se cuenta con la base jurídica para avanzar y que el trámite es considerado prioritario.

También recalcaron que no es viable mantener ambos sistemas de manera simultánea, por lo que el cierre de los comedores sería definitivo una vez aprobado el nuevo esquema.

El proyecto de acuerdo gubernativo deberá ser evaluado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General antes de su aprobación final.

Durante la sesión, además, se mencionaron denuncias sobre la calidad de los alimentos en algunos comedores, señalando que en varias sedes la comida llega en mal estado o pierde calidad por el traslado, especialmente en comisarías alejadas.