Gobierno de Arévalo bajo presión: SAAS justifica gastos y seguridad para la familia presidencial en medio de críticas por uso de recursos públicos

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) salió al paso de los cuestionamientos relacionados con los gastos destinados a la protección de la familia presidencial y aseguró que sus acciones responden a obligaciones establecidas en la ley.

La institución emitió un comunicado este sábado 9 de mayo de 2026, en el que defendió el esquema de seguridad asignado tanto al presidente como a la vicepresidenta y sus respectivos núcleos familiares.

Según la entidad, la protección permanente no es una decisión discrecional, sino una responsabilidad establecida en el Decreto 50-2003 del Congreso de la República, normativa que regula el funcionamiento de la SAAS.

En el pronunciamiento, la institución remarcó que incumplir con estas medidas equivaldría a incumplir la ley.

La postura oficial surge en medio de críticas y debates públicos sobre el uso de vehículos, combustible y personal de seguridad para resguardar a familiares de altos funcionarios del Ejecutivo, tema que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos estatales en un contexto marcado por exigencias de austeridad y transparencia.

SAAS rechaza versiones sobre asignación de vehículos a familiares

En el comunicado, la SAAS negó que los vehículos y montos de combustible estén asignados directamente a personas protegidas, como se ha difundido en algunos espacios públicos y redes sociales. La entidad afirmó que los recursos se destinan a las comitivas de seguridad encargadas de la protección y movilización de los funcionarios y sus familiares.

“La SAAS no asocia vehículos ni montos de gasolina a las personas protegidas según su mandato legal, sino a las comitivas de seguridad”, explicó la institución.

La dependencia agregó que los protocolos de seguridad contemplan turnos permanentes y desplazamientos constantes del personal asignado.

De acuerdo con la explicación oficial, cada unidad familiar cuenta con ocho agentes de seguridad que trabajan por relevos y realizan traslados frecuentes entre la Ciudad de Guatemala y dos departamentos del occidente del país.

Costos y funcionamiento del esquema de seguridad

La institución también detalló parte de los costos operativos relacionados con estos movimientos.

Según la SAAS, el consumo promedio es de aproximadamente Q83 diarios por vehículo utilizado en los traslados de los agentes durante los cambios de turno.

La entidad sostuvo que los gastos reportados son menores en comparación con los registrados durante administraciones anteriores, aunque no proporcionó cifras específicas ni comparativos detallados que permitan verificar esa afirmación públicamente.

El señalamiento vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de recursos destinados a seguridad presidencial, un tema históricamente sensible en Guatemala debido a antecedentes de opacidad, privilegios y cuestionamientos sobre el manejo presupuestario dentro de distintas administraciones gubernamentales.