El finiquito de la contraloría, entre la probidad y el control político

En Guatemala llamamos finiquito a la Constancia Transitoria Electrónica de Inexistencia de Reclamación de Cargos que emite la Contraloría General de Cuentas. No equivale a una declaración definitiva de honradez, ni garantiza que una administración haya estado libre de corrupción. Únicamente acredita que, al momento de expedirse, la Contraloría no registra reclamaciones, sanciones o juicios pendientes derivados de cargos públicos anteriores. A pesar de sus limitaciones, constituye un control necesario para impedir que quienes dejaron cuentas sin aclarar vuelvan a administrar recursos del Estado sin responder previamente por su gestión.

También representa una garantía mínima para la ciudadanía y un incentivo para que los funcionarios mantengan orden administrativo, atiendan los hallazgos de auditoría y rindan cuentas antes de aspirar a otro cargo. Su fundamento se encuentra en el artículo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Para obtenerlo se necesita estar registrado y tener datos actualizados en el portal de la Contraloría, carecer de sanciones o acciones legales, presentar electrónicamente la solicitud, aceptar una declaración jurada y efectuar el pago correspondiente. La institución informa que, una vez aprobado y pagado, el documento se remite por correo electrónico en un plazo de hasta 72 horas.

Los argumentos a favor son razonables, pues quien ha administrado dinero público debe demostrar que no dejó cuentas pendientes antes de recibir nuevamente presupuesto, autoridad o inmunidad. El finiquito funciona como un filtro preventivo y como una señal mínima de responsabilidad administrativa. Tampoco se trata de un procedimiento marginal, pues la Contraloría emitió 105 mil 510 constancias en 2023, 66 mil 395 en 2024 y 69 mil 204 en 2025. El volumen demuestra que su alcance supera ampliamente la inscripción de candidatos y afecta a miles de servidores públicos.

Sin embargo, estas mismas cifras obligan a preguntar qué tan profunda puede ser la verificación cuando se procesan decenas de miles de solicitudes anuales. Una constancia producida por una base de datos no sustituye una auditoría integral, una sentencia judicial ni una investigación patrimonial.

El problema aparece cuando una denuncia, incluso todavía no investigada, puede hacer perder vigencia al documento y cerrar la puerta a una candidatura. El caso más evidente ocurrió en 2023 con el binomio de Thelma Cabrera y Jordán Rodas. El Registro de Ciudadanos rechazó su inscripción porque la Contraloría consideró inválida la constancia de Rodas después de una denuncia presentada por su sucesor en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Rodas sostenía que sí poseía finiquito y denunció que el sistema estaba siendo utilizado para excluirlos. El resultado fue que Cabrera, quien había ocupado el cuarto lugar presidencial en 2019, tampoco pudo competir, aunque el cuestionamiento administrativo recaía sobre su candidato vicepresidencial. Las cortes confirmaron la exclusión. El caso demuestra que una constancia concebida para proteger el patrimonio público puede terminar restringiendo derechos políticos sin que exista una condena firme.

Movimiento Semilla conoce bien esa contradicción, aunque ahora ejerza el gobierno. En su momento Lucrecia Hernández fue electa diputada por esa organización en 2019 y enfrentó una denuncia de la Contraloría que amenazaba con dejar sin vigencia las constancias que había obtenido durante ese año. La Corte de Constitucionalidad impidió que el Congreso utilizara esa situación para bloquear su juramentación y Hernández Mack finalmente tomó posesión en enero de 2020. Ella sostuvo públicamente que sí contaba con el documento, incluso volvió a mostrarlo ante los cuestionamientos posteriores. Por eso no sería exacto afirmar simplemente que asumió sin haberlo obtenido. Lo que ocurrió fue más revelador. Tomó posesión pese a que la propia Contraloría pretendía desconocer su vigencia mediante una denuncia posterior. El precedente que entonces favoreció a una figura de Semilla debería obligar al actual oficialismo a defender reglas iguales para adversarios y aliados.

Algo similar ocurrió con Julio Héctor Estrada, diputado electo por Cabal en 2023. Estrada mostró una constancia emitida el 3 de enero de 2024, pero el Congreso inicialmente le negó la juramentación después de que surgiera una denuncia relacionada con un fideicomiso cafetalero por Q9 millones 729 mil 332.79. El propio diputado afirmó que por la mañana del 12 de enero no existía señalamiento y que por la tarde ya aparecía uno, circunstancia que calificó como parte de una maniobra para impedirle asumir. Finalmente fue juramentado y presentó una constancia actualizada. El episodio expuso un sistema en el que una denuncia presentada en el momento políticamente oportuno puede alterar la integración del Congreso, mientras la resolución administrativa llega cuando el daño político ya está hecho.

Eliminar el finiquito sería irresponsable porque debilitaría uno de los pocos controles previos sobre quienes administran fondos públicos. Conservarlo sin reformas también sería peligroso porque entrega a la Contraloría la capacidad práctica de habilitar o excluir funcionarios y candidatos mediante decisiones que pueden descansar en denuncias todavía no comprobadas. El gobierno de Bernardo Arévalo no puede denunciar la instrumentalización institucional únicamente cuando afecta a Semilla y guardar silencio cuando golpea a sus adversarios. La salida exige distinguir entre sanciones firmes, reparos administrativos, denuncias pendientes y simples señalamientos, además de establecer resoluciones motivadas, plazos obligatorios y mecanismos rápidos de revisión independiente. Un finiquito serio debe proteger el dinero público sin convertirse en certificado de inocencia, instrumento de impunidad o llave electoral en manos del contralor de turno.