Consuelo Porras rechaza señalamientos de experta de la ONU y anuncia acciones ante mecanismos internacionales

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, negó públicamente las acusaciones en su contra tras un pronunciamiento de expertos de la Organización de las Naciones Unidas que solicitaron investigaciones independientes por un caso de adopciones ilegales ocurridas durante el conflicto armado interno.

El pronunciamiento surge luego de que la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwait, expresara preocupación por la posible implicación de funcionarios públicos “entre ellos Porras” en procesos de adopciones internacionales vinculadas a niños indígenas.

Mensaje al secretario general de la ONU y a la prensa nacional e internacional:

Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente,
las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra por parte de la señora… https://t.co/74nKTa7CM4

— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) February 17, 2026

Fiscal General rechaza acusaciones y habla de “instrumentalización política”

A través de una publicación en la red social X, la noche del lunes 16 de febrero, Porras rechazó categóricamente los señalamientos.

La jefa del Ministerio Público afirmó que las acusaciones son “falsas y políticamente instrumentalizadas”, y sostuvo que carecen de sustento probatorio.

Según indicó, los señalamientos no tutelan los derechos humanos y, por el contrario, los distorsionan.

Además, anunció que promoverá actuaciones ante los mecanismos competentes de Naciones Unidas para que las declaraciones emitidas sean revisadas, aclaradas y, de ser el caso, corregidas.

“Mi actuación se ha regido y continuará rigiéndose estrictamente por la Constitución y la ley. La defensa de la honra y la reputación por las vías legales es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho”, manifestó.

Expertos de la ONU piden investigaciones independientes

En un comunicado fechado en Ginebra, un grupo de expertos de la ONU solicitó “investigaciones independientes” sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos en adopciones ilegales internacionales registradas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Según el documento, existe preocupación por información recibida que señala que al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, luego de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996.

En el mismo comunicado se menciona a Consuelo Porras como actual fiscal general, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, y se señala que, “según se informa”, habría fungido como “tutora legal” de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.