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Política en Guatemala

Congreso aprueba nueva ley para regular la prisión preventiva

La nueva ley incorpora mecanismos para revisar la prisión preventiva cuando no se cumplan los plazos establecidos para el avance de las distintas etapas del proceso penal.

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Congreso aprueba nueva ley para regular la prisión preventiva
Foto: Redes sociales

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de noviembre una nueva normativa para regular la aplicación de la prisión preventiva, luego de aceptar el veto presidencial al Decreto 23-2026.

La nueva legislación, contenida en la iniciativa 6890 y aprobada mediante el Decreto 30-2026, recibió 143 votos a favor y contempla reformas a 17 artículos del Código Procesal Penal. Entre sus principales disposiciones incorpora nuevos controles judiciales, mecanismos de revisión de los plazos de privación de libertad y medidas sustitutivas.

La aprobación ocurrió después de que el pleno aceptara, con 144 votos, el veto del Ejecutivo al Decreto 23-2026. Posteriormente, los diputados conocieron y aprobaron en único debate y en urgencia nacional la nueva propuesta.

Primera declaración deberá realizarse en 24 horas

La normativa establece que la audiencia de primera declaración deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión.

Además, ninguna persona podrá ser trasladada a un centro de privación de libertad sin haber comparecido previamente ante un juez.

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La prisión preventiva podrá decretarse únicamente después de que se haya emitido el auto de procesamiento y cuando existan elementos que permitan considerar que existe peligro de fuga o de obstaculización de la investigación.

En estos casos, el Ministerio Público deberá presentar los elementos de convicción que sustenten la necesidad de imponer la medida, mientras que la defensa podrá presentar argumentos y pruebas para oponerse.

Se establecen nuevos controles sobre los plazos

La nueva ley incorpora mecanismos para revisar la prisión preventiva cuando no se cumplan los plazos establecidos para el avance de las distintas etapas del proceso penal.

Uno de los supuestos contempla la sustitución de la prisión preventiva cuando hayan transcurrido tres meses desde que se dictó el auto de procesamiento sin que el Ministerio Público haya solicitado la conclusión del procedimiento preparatorio.

También se establecen mecanismos de revisión relacionados con el tiempo transcurrido después de presentada la acusación y una vez concluida la audiencia intermedia, cuando el juicio aún no haya comenzado.

Entre las medidas sustitutivas contempladas se encuentran la presentación periódica ante las autoridades, el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país, restricciones de comunicación, caución económica y control telemático.

En este último caso, el Estado podrá asumir el costo del dispositivo de control cuando la persona sindicada demuestre que no cuenta con capacidad económica para pagarlo.

Hay delitos que tendrán restricciones para medidas sustitutivas

La normativa establece limitaciones para conceder medidas sustitutivas a reincidentes y delincuentes habituales, así como a personas procesadas por determinados delitos.

Entre ellos figuran homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación, plagio o secuestro, extorsión, robo agravado y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

También se establecen restricciones para casos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego y otros delitos contemplados en el artículo 264 del Código Procesal Penal.

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Crean Unidad de Control de Medidas de Coerción

Como parte de la reforma se crea la Unidad de Control de Medidas de Coerción, adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta unidad tendrá entre sus funciones supervisar el cumplimiento de las medidas distintas a la prisión preventiva, centralizar y actualizar información de las personas sujetas a estas disposiciones y dar seguimiento a los plazos de privación de libertad.

También deberá proporcionar información a los órganos jurisdiccionales para apoyar la toma de decisiones relacionadas con las medidas de coerción.

Q50 millones para implementar la reforma

La nueva normativa contempla una asignación de Q50 millones al Organismo Judicial para implementar los cambios.

Los recursos estarán destinados a las adecuaciones administrativas, tecnológicas y de infraestructura necesarias para poner en funcionamiento los nuevos mecanismos establecidos en la legislación.

La normativa también contempla un período de 12 meses para su implementación, antes de que entren plenamente en funcionamiento las nuevas disposiciones.

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