Conecta con nosotros

Nacionales

Arévalo sanciona Ley de Ciberseguridad pese a alertas por censura

Arévalo sanciona la Ley de Ciberseguridad en Guatemala pese a cuestionamientos sobre riesgos para la prensa y la privacidad.

Publicado hace

en

Arévalo sanciona Ley de Ciberseguridad pese a alertas por censura
Foto: GOB

El presidente Bernardo Arévalo sancionó este martes 17 de noviembre el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, una normativa que busca combatir los delitos informáticos, pero que también ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, la privacidad y el ejercicio del periodismo en Guatemala.

El mandatario presentó la legislación como un avance en la modernización del Estado y la protección de los sistemas digitales.

Sin embargo, su decisión llega después de que en el Congreso se plantearan objeciones sobre el alcance de las nuevas facultades de investigación y sus posibles consecuencias para los derechos fundamentales.

La ley fue aprobada de urgencia nacional el pasado 3 de noviembre con 121 votos favorables y posteriormente recibió el respaldo del Ejecutivo.

Arévalo respalda una ley cuestionada por sus posibles efectos sobre la prensa

A través de su cuenta de X, el presidente defendió la sanción del decreto y aseguró que permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica, combatir los delitos informáticos y proteger la información digital de los guatemaltecos.

No obstante, la legislación fue objeto de cuestionamientos durante su discusión parlamentaria.

El diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, advirtió que determinadas disposiciones podrían representar riesgos para la libertad de prensa, la privacidad y la libre emisión del pensamiento.

¿Dónde están los posibles riesgos de censura?

Las preocupaciones se relacionan con el alcance de las facultades estatales para investigar delitos informáticos, obtener evidencia digital e intervenir en procedimientos vinculados con sistemas y comunicaciones.

Entre los puntos que requieren especial atención se encuentran:

  • Libertad de prensa: evitar que las investigaciones por ciberdelitos interfieran indebidamente con el trabajo periodístico.
  • Privacidad: garantizar controles legales sobre el acceso y la obtención de información digital.
  • Libertad de expresión: impedir que las disposiciones penales sean utilizadas para perseguir actividades legítimas de comunicación.

Estos riesgos fueron parte de las preocupaciones expresadas durante la discusión legislativa. No constituyen, por sí mismos, una comprobación de que la normativa establezca censura directa.

Congreso rechazó objeciones antes de la sanción presidencial

El 10 de noviembre, el Congreso rechazó los cuestionamientos presentados contra el Decreto 26-2026, lo que permitió continuar el trámite para su sanción.

La decisión presidencial deja bajo atención la responsabilidad del Ejecutivo de garantizar que las herramientas creadas para combatir la delincuencia digital no se utilicen para restringir derechos constitucionales.

Nuevas instituciones tendrán facultades de ciberseguridad

La legislación contempla la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), presidido por el mandatario, y de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), adscrita al Ministerio de Gobernación.

También establece mecanismos especializados de investigación, análisis forense y cooperación internacional para enfrentar delitos como el acceso ilícito a sistemas, el fraude informático y la apropiación de identidad.

Send this to a friend