Cámara de Comercio pide firmeza al Gobierno de Arévalo ante la violencia en Zacapa e Izabal

La Cámara de Comercio de Guatemala expresó su respaldo al estado de Sitio decretado por el Gobierno de Bernardo Arévalo en Zacapa e Izabal, tras los ataques armados que han dejado al menos 17 fallecidos en las últimas semanas.

El sector empresarial pidió a las autoridades actuar con determinación y garantizar la seguridad de la población.

Mediante un comunicado divulgado este domingo 15 de noviembre, la organización manifestó su apoyo a la medida extraordinaria, al considerar que el Estado debe ejercer su autoridad para restablecer el orden público.

El pronunciamiento también destacó la importancia de que las acciones gubernamentales se desarrollen con apego a la Constitución y al Estado de derecho.

Cámara de Comercio respalda medidas de seguridad

El sector empresarial sostuvo que garantizar la vida, la seguridad y la paz de los guatemaltecos constituye una responsabilidad fundamental de las autoridades.

La postura surge después de que el presidente Bernardo Arévalo declarara estado de Sitio en ambos departamentos mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado este domingo en el Diario de Centro América.

La disposición tendrá una vigencia de 30 días y responde a informes de seguridad sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.

Violencia en Zacapa deja al menos 17 fallecidos

La declaratoria ocurre después de tres ataques de alto impacto registrados en menos de dos meses.

El primero ocurrió el 27 de septiembre en Huité, donde murieron ocho personas. Posteriormente, el 6 de noviembre, un atentado en Río Hondo provocó la muerte del diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El 13 de noviembre, otro ataque armado en el caserío El Tocino dejó cinco fallecidos y tres mujeres heridas.

Ante estos hechos, las autoridades incrementaron la presencia policial y militar en Zacapa e Izabal.

¿Qué restricciones contempla el estado de Sitio?

El decreto permite implementar medidas extraordinarias para restablecer el orden público, entre ellas restricciones a determinadas reuniones y manifestaciones, controles de circulación vehicular y detenciones bajo las condiciones establecidas en la disposición.

Congreso deberá revisar la decisión de Arévalo

El Congreso de la República deberá conocer el decreto dentro del plazo constitucional de tres días y resolver si lo ratifica, modifica o imprueba.

El respaldo de la Cámara de Comercio se suma a los pronunciamientos sobre la crisis de seguridad en el oriente del país, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar resultados durante los 30 días de vigencia de la medida.