Ley de Cine: un negocio político de corrupción, censura y propaganda – Por: Kenneth Müller

La iniciativa 5906 le daría al gobierno de turno una herramienta para financiar propaganda política e ideológica con dinero de los impuestos de los guatemaltecos y presionar a los cines para que la proyecten. Ese es el peligro de aprobar una ley que reúne el reparto discrecional de fondos, cuotas obligatorias de exhibición y la amenaza implícita de cierre a empresas privadas, sin garantías técnicas ni de libre competencia.

Un modelo ineficiente frente a los estándares de la industria global

El argumento de que esta iniciativa atraera megaproducciones internacionales, inversión extranjera directa (IED) o un derrame económico sustancial en hoteles y restaurantes es técnicamente falso.

Actualmente, producciones de Hollywood y grandes estudios globales eligen destinos como Canadá, Reino Unido o diversos estados de EE. UU. gracias a esquemas de incentivos fiscales (cash rebates o créditos transferibles) que alcanzan entre el 30% y el 65% de devolución del gasto local, respaldados por una infraestructura de estudios y capital humano especializado.

Un crédito fiscal o subsidio bajo y no estructurado como el que propone la iniciativa 5906 no resulta competitivo a nivel internacional. Ninguna gran producción filmará en Guatemala únicamente por esta propuesta. Financiar proyectos a fondo perdido desde el presupuesto público sin condicionalidad de resultados no es crear incentivos; es gasto corriente sin retorno de inversión (ROI) que solo financiará burocracia y no generará cadenas de valor ni empleo sostenible en el país.

Un mercado de exhibición pequeño para absorber el gasto público

A la ineficiencia fiscal se suma la realidad del mercado local: Guatemala cuenta con un número muy reducido de complejos cinematográficos y pantallas en comparación con la región. Es financieramente imposible que la taquilla local devuelva la inversión que el pueblo guatemalteco aportaría mediante impuestos. Pretender sostener la producción audiovisual regalando dinero del Estado, en lugar de incentivar la demanda y la competitividad, convertirá el fondo en una transferencia directa a fondo perdido para un grupo reducido.

El apoyo al cine nacional se está utilizando para justificar la creación de otro instituto, con presupuesto, personal y facultades para intervenir en una actividad que debería desarrollarse con libertad. Los guatemaltecos pagaríamos su funcionamiento y las películas que sus autoridades decidan apoyar.

¿Con qué criterios se escogerían esas películas? ¿Quién garantizaría que los fondos no terminen en manos de los mismos grupos de siempre? ¿Qué oportunidad tendría un productor que no comparta la visión política de quienes dirijan el instituto?

Puertas abiertas a la censura y al chantaje

El proyecto excluye del financiamiento la propaganda política. Sin embargo, esa prohibición puede quedar en el papel si los encargados de aplicarla consideran que los mensajes afines a su ideología son expresiones culturales y los contrarios no merecen apoyo. No hace falta promover a un candidato para hacer propaganda. También se puede utilizar una película para defender a determinados grupos, justificar sus acciones o presentar una versión interesada de la historia.

Cada productor tiene derecho a expresar sus ideas. Lo cuestionable es que pretenda financiarlas con los impuestos de todos y que, además, los cines queden sujetos a obligaciones de exhibición bajo amenaza de sanción.

El artículo 43 contempla multas de cinco salarios mínimos y, en caso de reincidencia, el cierre de una sala hasta por tres meses. Una medida así puede llevar a la quiebra a un negocio. Mientras el cine permanece cerrado, el alquiler, las deudas y las demás obligaciones siguen corriendo. Esa amenaza abre la puerta a presiones sobre los empresarios.

Aunque el proyecto no impone películas específicas, deja una combinación peligrosa: una institución que decide qué producciones reciben fondos y un régimen que obliga a dar espacio al cine nacional, con sanciones que pueden llegar al cierre. En esas condiciones, la programación puede terminar respondiendo a las exigencias de las autoridades y de los grupos favorecidos. El empresario pondría la inversión y asumiría las pérdidas; otros tendrían cómo presionarlo para decidir qué debe proyectar. A eso se le llama abrir la puerta al chantaje.

Burocracia y falta de transparencia

El gasto también merece atención. La propuesta permite que los recursos para el funcionamiento del instituto igualen los destinados al Fondo de Fomento. Es decir, podría gastarse tanto en sostener la estructura burocrática como en financiar los proyectos cinematográficos. Antes de demostrar beneficios para el país, ya se contempla una estructura que habrá que mantener con fondos públicos.

Además, se exceptúan de licitación diversas contrataciones en el extranjero.
Que exista fiscalización posterior no justifica eliminar controles al momento de contratar. Una ley que pretende administrar recursos públicos debería exigir más transparencia, no facilitar excepciones.

Conclusión

Guatemala puede apoyar a sus cineastas y atraer producciones que contraten personal, utilicen servicios y dejen ingresos en el país. Para eso se necesitan reglas claras, libre mercado, infraestructura técnica y resultados comprobables, no transferencias directas a fondo perdido.

El Congreso debe devolver la iniciativa 5906 a comisión y corregirla no solo enmendar ciertos artículos, necesita análisis de fondo y con gente capacitada.

Los impuestos de los guatemaltecos no están para financiar propaganda ni regalar capital en cantidades millonarias para satisfacer sueños guajiros. Y ningún empresario debería tener que aceptar presiones sobre su programación para evitar que le cierren el negocio.