EE. UU. endurece su respuesta a Ortega y Murillo tras reforma que golpea la competencia electoral en Nicaragua

La respuesta de Estados Unidos frente al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo subió de tono luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara una nueva reforma constitucional que modifica las reglas electorales y extiende de seis a siete años el período de las autoridades electas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó la decisión y anunció que Washington impulsará nuevas medidas durante la próxima reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, Estados Unidos instó a sus socios internacionales a dejar de mantener relaciones normales con el Gobierno nicaragüense.

Rubio acusa a Ortega y Murillo de cerrar aún más el espacio democrático

La reacción de Washington llegó después de la aprobación de la reforma en primera legislatura.

Rubio cuestionó duramente el cambio constitucional y sostuvo que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, terminó de debilitar lo que quedaba de la democracia nicaragüense.

El funcionario estadounidense afirmó que la nueva modificación constitucional busca consolidar el poder de Ortega y Murillo y limitar las posibilidades de una competencia electoral abierta.

Rubio también dejó claro que Estados Unidos pretende llevar su respuesta al escenario regional. Según anunció, Washington implementará medidas durante la próxima reunión ministerial de la OEA para aumentar la presión sobre Managua.

Washington pide cambiar la relación con Managua

Estados Unidos no se limitó a cuestionar públicamente la reforma. Rubio llamó a los países aliados a abandonar la normalidad en sus relaciones con el Gobierno nicaragüense.

El secretario de Estado sostuvo que un Gobierno que restringe los derechos políticos de sus ciudadanos no debería recibir los mismos beneficios económicos y políticos que los países comprometidos con la estabilidad y la seguridad del hemisferio.

Por ahora, Washington no ha detallado todas las medidas que pretende impulsar. El anuncio, sin embargo, coloca nuevamente a Nicaragua en el centro de la agenda diplomática regional y anticipa una discusión en la OEA sobre la situación política del país.

La reforma amplía el período presidencial

Uno de los cambios centrales aprobados por la Asamblea Nacional consiste en aumentar de seis a siete años los períodos de las autoridades electas.

La modificación afecta directamente a la copresidencia de Ortega y Murillo y desplaza el calendario electoral. De acuerdo con los reportes sobre la reforma, las elecciones previstas para 2026 quedarían postergadas hasta 2028.

El cambio todavía debe completar el procedimiento constitucional nicaragüense. La aprobación realizada el 1 de septiembre corresponde a la primera legislatura y la segunda ratificación está prevista para enero de 2027.

Restricciones para la oposición

La reforma también incorpora restricciones para quienes busquen participar en la vida política del país.

Entre los cambios figura la prohibición de aspirar a cargos públicos, participar como candidatos o dirigir partidos para personas que las autoridades consideren vinculadas con determinadas acciones contra la soberanía, intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero o que sean señaladas como “traidoras a la patria”.

La medida ha generado una fuerte reacción internacional porque afecta directamente las condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden competir por cargos de elección popular.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido que la propuesta podía restringir la competencia política y favorecer la permanencia en el poder.

La CIDH señaló además que la ampliación de los períodos y las restricciones a los derechos políticos profundizan la concentración del poder en Nicaragua.

EE. UU. lleva el caso al escenario regional

Con su anuncio, Washington busca que la respuesta no quede limitada a una disputa bilateral con Managua.

La próxima reunión de cancilleres de la OEA será el escenario donde Estados Unidos pretende impulsar las medidas anunciadas por Rubio.

La estrategia coloca presión sobre otros gobiernos del continente para definir su posición frente a las modificaciones impulsadas por Ortega y Murillo.

El Gobierno estadounidense sostiene que la situación nicaragüense no es únicamente un asunto interno, debido a sus posibles repercusiones sobre la estabilidad democrática del hemisferio.

Rubio afirmó que Estados Unidos respalda el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país.